Campesinos, arroceros, cañeros, productores agropecuarios y transportistas elevaron sus reclamos contra el Decreto Supremo 5676 y exigen al Gobierno de Rodrigo Paz su abrogación, mientras persisten las dificultades de abastecimiento de diésel en distintas regiones del país.
La norma estableció un precio referencial inicial de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores. El Gobierno sostiene que la medida busca reducir el contrabando, eliminar distorsiones y acercar el precio de los grandes volúmenes al costo de importación. Sin embargo, los sectores productivos consideran que el incremento elevará sus costos y podría trasladarse al precio de los alimentos.
En el norte de Santa Cruz, campesinos, centrales, subcentrales, sindicatos agrarios y asociaciones productivas de Warnes, Obispo Santistevan, Sara e Ichilo realizaron un ampliado de emergencia y dieron un plazo de 48 horas al Gobierno para abrogar la norma. Caso contrario, anunciaron que se declararán en estado de emergencia y evaluarán nuevas medidas de presión.
La protesta también se extendió a Guarayos, donde productores arroceros y campesinos marcharon contra la escasez de combustible. El dirigente Javier Núñez advirtió con radicalizar las medidas, mientras que el presidente de la Federación de Productores Arroceros, Ramiro Pérez, alertó sobre posibles dificultades para garantizar el abastecimiento de arroz debido al costo y la falta de diésel.
Otro punto de tensión será el jueves 27 de agosto, cuando la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) realice un congreso extraordinario en Warnes para definir una posición frente al DS 5676 y determinar eventuales medidas de presión.
La organización se declaró en estado de emergencia y calificó el decreto como “discriminatorio” e “improvisado”. Su presidente, Klaus Frerking, advirtió que el incremento del combustible elevará los costos de producción y terminará afectando a los precios de los alimentos.
A este escenario se suma la Confederación de Choferes de Bolivia, que también se declaró en estado de emergencia y anunció un ampliado nacional para definir acciones contra el decreto y exigir soluciones a los problemas de abastecimiento.
Aunque el Gobierno aclaró que el precio de Bs 9,80 se mantiene para el transporte, los dirigentes del sector cuestionan principalmente la escasez de combustible y advierten que necesitan garantizar el suministro para mantener sus operaciones.
Mientras los sectores productivos preparan nuevas acciones, el Gobierno enfrenta una semana de presión para sostener una medida que considera necesaria frente a la crisis de combustibles, pero que ha generado rechazo entre organizaciones que dependen del diésel para producir, transportar y abastecer el mercado nacional.