Antonio Vargas, expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, cuestionó las declaraciones del fiscal general del Estado, José Armando Urioste, quien pidió que las mafias no paguen a los medios de comunicación para desacreditar su trabajo. Vargas calificó la acusación de grave y sostuvo que, si la autoridad tiene pruebas de esos hechos, debe identificar a los periodistas y medios involucrados.
“Hay muchas preguntas que se le deben hacer y se le pueden hacer al fiscal Urioste: ¿quiénes son esas mafias?, ¿cuál es la relación que tienen con los periodistas? ¿Se trata de una sospecha, de algo comprobado o de una investigación en curso?”, planteó Vargas en el programa De Primera Mano, de FM La Paz.
El periodista explicó que la polémica comenzó después de una entrevista en la que Urioste se refirió a las circunstancias de su elección como fiscal general y mencionó que un amigo le había pedido su currículum. Según Vargas, a partir de esas declaraciones, los periodistas preguntaron quién era esa persona, en el marco de su labor informativa.
Para el exdirigente gremial, el cuestionamiento de la prensa no justifica generalizar acusaciones contra el sector. Consideró que las declaraciones de Urioste son ofensivas para el gremio porque no identifican a los supuestos responsables ni precisan si existe una investigación que respalde la afirmación.
“Es usted el fiscal. Es usted quien tiene todos, absolutamente todos los mecanismos para investigar y dar a conocer a la opinión pública que Juan, Pedro, Martín, Luis están absolutamente coludidos con el narcotráfico”, manifestó Vargas, al pedir que se presenten pruebas si existen periodistas que reciben dinero de organizaciones criminales.
El entrevistado también consideró que las organizaciones de prensa deberían pronunciarse y solicitar una explicación a la autoridad. Mencionó a la Asociación de Periodistas de La Paz y a la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, y señaló que espera una respuesta firme, pero sin generar una confrontación innecesaria con la Fiscalía.
Publicidad estatal y presión sobre los medios
Durante la entrevista, Vargas abordó además la relación entre el financiamiento de los medios de comunicación y el poder político. Explicó que la publicidad es una fuente de ingresos para sostener los programas, pagar al personal y cubrir los costos operativos, pero advirtió que la asignación de recursos públicos puede convertirse en un mecanismo de presión cuando se condiciona a la cobertura informativa.
Según Vargas, autoridades del nivel nacional, departamental y municipal pueden utilizar la publicidad institucional para favorecer a medios que evitan las críticas y perjudicar a aquellos que cuestionan su gestión. Afirmó que esa práctica puede afectar también a los periodistas, cuando los propietarios de medios deciden prescindir de ellos ante la pérdida de ingresos publicitarios.
El exdirigente aclaró que este tipo de presión no comenzó con el Movimiento Al Socialismo (MAS), aunque sostuvo que durante sus gobiernos llegó a extremos que, según su valoración, incluyeron amenazas directas a periodistas y medios. También expresó preocupación por la posibilidad de que estas prácticas se repitan durante la administración del presidente Rodrigo Paz.
“El medio de comunicación y el periodista, el periodismo, el ejercicio del periodismo, debe ser absolutamente libre de cualquier tipo de chantaje del poder político constituido”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó que algunos servidores públicos busquen espacios informativos en los que no se los critique y calificó a esos medios como “cajas de resonancia” del poder. Reivindicó, en cambio, la función fiscalizadora del periodismo frente a las decisiones y actuaciones de las autoridades.
“No queremos ese periodismo, queremos un periodismo que cuestione, queremos un periodismo crítico, queremos un periodismo que ejercite efectivamente la fiscalización sobre los actos del gobierno, porque esa es la democracia”, expresó Vargas.
Vargas también se refirió a la necesidad de transparentar la publicidad estatal y las actuaciones de las autoridades. En ese contexto, destacó la importancia de un proyecto de ley sobre el derecho de acceso a la información pública que, según indicó durante la entrevista, se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Sostuvo que el acceso a la información y la rendición de cuentas deben alcanzar a todas las autoridades con responsabilidades públicas, incluidos el presidente, los alcaldes, los gobernadores y el fiscal general.
“El periodista debe preguntar, el periodista debe indagar, el periodista debe investigar. Sí, es su trabajo”, afirmó, al señalar que las preguntas incómodas forman parte del ejercicio democrático y no convierten automáticamente a un periodista en opositor de una autoridad.
Finalmente, insistió en que las acusaciones sobre presuntos pagos de mafias a medios de comunicación deben sustentarse con información concreta. A su juicio, identificar a los supuestos implicados y explicar si existen pruebas o investigaciones permitiría evitar generalizaciones que perjudiquen a todo el gremio periodístico.