El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz firmó este lunes el Contrato Modificatorio por Ajuste de Precios con La Paz Limpia y Trebol, en el marco del Decreto Supremo 5660. Según informó el alcalde César Dockweiler, el acuerdo no contempla un incremento a la Tasa de Aseo Urbano que pagan los vecinos mediante la factura de energía eléctrica.
Dockweiler explicó que el proceso incluyó una revisión técnica de los costos y varias reuniones con las empresas encargadas del servicio de aseo urbano. Señaló que el ajuste está relacionado con el incremento del costo del diésel.
“Hoy estimamos que lo que se le va a pagar por el ajuste de precios por el tema del diésel es de aproximadamente 2,8 millones de bolivianos hasta fin de año”, informó.
El alcalde recordó que la anterior administración municipal había dejado una previsión de Bs 139 millones para este concepto, monto que posteriormente fue reducido a Bs 64 millones. Indicó que, tras un nuevo análisis técnico y financiero, se estableció finalmente un monto aproximado de Bs 2,8 millones hasta fin de año.
Según Dockweiler, este monto será asumido por el Gobierno Municipal y no representará un incremento en la Tasa de Aseo Urbano.
“Esta firma de contrato modificatorio significa que hemos cumplido con lo que está establecido en el Decreto Supremo, pero no le estamos afectando en absoluto el bolsillo de los ciudadanos”, afirmó.
Respecto a los contratos vigentes, informó que el acuerdo con La Paz Limpia tiene vigencia hasta 2030, mientras que el contrato con Trebol se extiende hasta 2038.
Dockweiler aclaró que la firma del contrato modificatorio no implica un cambio de empresas y señaló que se trata de la continuidad de los contratos vigentes, sujetos al cumplimiento de las obligaciones establecidas.
“Lo más importante, y eso le interesa a los ciudadanos, es que nunca más nos dejen la basura en la calle. Eso yo tampoco quiero”, sostuvo.
El alcalde también se refirió a las acciones asumidas por el municipio ante la acumulación de residuos registrada anteriormente y señaló que la administración edil respaldó el proceso iniciado por la Defensoría del Pueblo.
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