El Decreto Supremo 5654 establece los únicos conceptos autorizados para aplicar retenciones salariales y prohíbe descuentos que no estén contemplados en la norma.
El Gobierno promulgó este lunes el Decreto Supremo 5654, que establece nuevos límites para la aplicación de descuentos, contribuciones y retenciones por planilla en los salarios de servidores públicos del nivel central del Estado y en las rentas de jubilados del Sistema de Reparto administradas por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR).
La norma dispone que las entidades públicas solo podrán efectuar descuentos por conceptos expresamente autorizados y deja sin efecto cualquier retención que no se encuentre dentro de las causales establecidas.
En el caso de los servidores públicos, los descuentos por planilla estarán permitidos únicamente por cinco conceptos:
- Aportes a la Seguridad Social de Largo Plazo establecidos en la Ley de Pensiones.
- Faltas, atrasos y sanciones administrativas.
- Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA).
- Retenciones judiciales por asistencia familiar.
- Recuperaciones a favor del Estado por cobros indebidos.
Respecto a los jubilados del Sistema de Reparto administrados por el SENASIR, la norma autoriza descuentos únicamente por cuatro conceptos: seguridad social de corto plazo, asistencia familiar ordenada judicialmente, recuperación por cobros indebidos y descuentos derivados de convenios con entidades públicas del nivel central.
El decreto también establece que los aportes voluntarios deberán contar con una autorización individual, expresa, verificable y revocable del beneficiario, mediante débito de su cuenta bancaria.
Asimismo, dispone que las entidades e instituciones públicas del nivel central del Estado deberán adecuar sus procedimientos para cumplir con la nueva regulación.
La norma exceptúa de su aplicación a las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, mientras que las entidades territoriales autónomas podrán establecer sus propios procedimientos dentro del marco de sus competencias.
Según el Gobierno, la medida busca proteger los ingresos de funcionarios públicos y jubilados, evitar descuentos discrecionales y garantizar que los recursos salariales sean destinados al bienestar de las familias.