El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira aprobó el Decreto Supremo 5598, una norma que introduce cambios estructurales en el sector eléctrico al habilitar la participación del sector privado en operaciones de exportación e importación de electricidad, además de permitir la autogeneración de energía en industrias mediante el uso de gas natural.
La medida fue informada por el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, quien destacó que la norma busca “dinamizar el mercado eléctrico, promover inversiones y avanzar hacia una mayor integración energética regional”.
Apertura del mercado eléctrico
El Decreto Supremo establece que cualquier agente del mercado eléctrico —público, privado o mixto— podrá ser autorizado para realizar intercambios internacionales de electricidad, incluyendo exportación, importación, transmisión y tránsito energético, siempre bajo regulación estatal.
Según el texto, estas operaciones deberán garantizar “la seguridad, continuidad y prioridad del abastecimiento del mercado interno”.
Asimismo, se abre la posibilidad de que los agentes privados suscriban contratos para el intercambio energético con otros países, lo que marca un cambio respecto al esquema anterior más centralizado.
Cambios regulatorios y rol del Estado
El DS 5598 modifica el Decreto Supremo 2399, vigente desde 2015, ampliando la participación de actores en la cadena de transmisión eléctrica internacional. También establece que la empresa estatal ENDE podrá desarrollar transmisiones por sí misma o en asociación con terceros.
Además, la norma dispone que los precios y cargos por estos servicios serán definidos por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías junto con el agente del mercado correspondiente, ya sea público o privado.
El decreto también abroga el DS 4794 de 2022 y otorga un plazo de 30 días al Ministerio de Hidrocarburos para reglamentar el uso de recursos provenientes de beneficios energéticos transfronterizos.
Autogeneración industrial e integración regional
Otro de los puntos centrales es la autorización para que industrias produzcan su propia energía utilizando gas natural, con el objetivo de reducir costos operativos y aumentar la eficiencia energética.
El Gobierno sostiene que esta política permitirá atraer inversiones, fortalecer la infraestructura energética y avanzar hacia una mayor integración regional.
Aprovechamiento de beneficios con Brasil
El decreto también incorpora disposiciones vinculadas al acuerdo con Brasil por la Central Hidroeléctrica Jirau, que permite la modificación de su operación para generar beneficios energéticos a favor de Bolivia. Estos recursos serán administrados por ENDE según lineamientos del Ministerio de Hidrocarburos y Energías.
Una nueva etapa energética
Con esta normativa, el Ejecutivo plantea una reconfiguración del modelo eléctrico, ampliando la participación privada en actividades estratégicas, pero manteniendo la regulación estatal sobre el sistema.
En palabras del ministro Medinaceli, la intención es impulsar un mercado “más dinámico y competitivo”, sin comprometer la seguridad del suministro interno.