El Gobierno de México concedió asilo diplomático a la abogada Nadia Shirley Beller Delgadillo, quien permanece desde hace seis días en la Embajada mexicana en La Paz, a la espera de un salvoconducto que le permita salir de Bolivia. La decisión fue comunicada oficialmente a la Cancillería boliviana el 4 de noviembre, en medio de la investigación por el atentado que denunció en agosto.
Mediante la nota diplomática 0910/26, México informó que aceptó la solicitud al amparo de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y pidió al Estado boliviano otorgar las garantías necesarias para su salida. «El Gobierno de México decidió conceder asilo político en favor de la citada ciudadana boliviana», señala el documento.
Aunque inicialmente la Cancillería indicó que evaluaba la solicitud de salvoconducto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que el Ejecutivo facilitará la salida de Beller, sin que esta decisión implique detener las investigaciones que se encuentran en curso.
El abogado de Beller, Jerjes Justiniano, explicó que su defendida solicitó protección por razones humanitarias. Señaló que está embarazada, continúa recuperándose de las heridas de bala que sufrió y teme por su seguridad. También denunció presunto hostigamiento policial y restricciones para comunicarse con medios de prensa extranjeros.
«Ella ha sido víctima de un delito de tentativa de feminicidio», afirmó Justiniano.
Por su parte, Ernesto Giraldes, abogado del consultor argentino Fernando Cerimedo, cuestionó la intención de Beller de abandonar el país mientras continúa la investigación del atentado. El jurista sostuvo que no existen pruebas suficientes que demuestren que su defendido contrató a sicarios o planificó el ataque ocurrido el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra.
Según Giraldes, hasta el momento no se presentó un testigo ni un informe policial que vincule directamente a Cerimedo con la contratación de los presuntos autores materiales o la planificación del hecho. El consultor argentino permanece con detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
En el marco de este caso, Giraldes informó que solicitó a la Fiscalía investigar posibles comunicaciones entre Beller y el exfiscal general del Estado, Róger Mariaca, mediante registros de la plataforma Meta. Justiniano rechazó que su defendida tenga vínculos con Mariaca y pidió que se presenten pruebas que sustenten esa versión.
Entretanto, la audiencia en la que Cerimedo debía solicitar el cese de su detención preventiva fue reprogramada para el próximo 18 de noviembre.