El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó sobre dos denuncias por presuntos hechos de corrupción que involucran a exfuncionarios de la Aduana Regional de Potosí y del Servicio Nacional Textil (Senatex). Los casos están relacionados con supuestos cobros irregulares por el paso de camiones con mercadería sin documentación y transferencias de recursos públicos a cuentas personales, con montos observados que superan los Bs 5 millones.
En el caso de la Aduana de Potosí, la denuncia señala que el 15 de septiembre de 2025 habrían circulado 48 camiones desde Villazón hacia Potosí, cuyos conductores presuntamente pagaron entre Bs 500 y Bs 1.000 para pasar. Sin embargo, el rastreo financiero a tres exfuncionarios identificó movimientos económicos que suman más de Bs 790.000 y que, según la autoridad, no guardarían relación con sus ingresos declarados.
“Fuimos más allá. Les hicimos un rastreo económico a estas personas y hemos encontrado que no fueron solo 48 mil bolivianos, sino que entre los casos se superan más de medio millón de bolivianos que se fueron acumulando de extorsión en extorsión, de cobro en cobro”, afirmó García. Los exfuncionarios fueron denunciados por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.
El segundo caso corresponde a Senatex, donde dos exfuncionarios del área administrativa habrían transferido recursos del Tesoro General de la Nación a sus cuentas personales entre marzo y agosto de 2025, bajo el argumento de realizar pagos a proveedores.
El rastreo identificó movimientos observados por Bs 3.880.309 en uno de los casos y Bs 733.471 en el otro, que en conjunto superan los Bs 4,6 millones.
“Las instituciones tenemos que pagarles a los proveedores, no es que la institución se autodeposita a sus funcionarios y ellos van a ir entregando de manera individual”, cuestionó el viceministro.
En este segundo caso se investigan presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. García no descartó ampliar las investigaciones por legitimación de ganancias ilícitas ni convocar a otras personas si se identifican posibles responsabilidades.