El Gobierno dispuso, mediante el Decreto Supremo 5697, la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por hasta 180 días, ante deficiencias en la cadena logística de importación y distribución de carburantes.
La norma, aprobada el 1 de septiembre, crea una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria integrada por representantes de los ministerios de Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, además del Viceministerio de Transparencia.
La intervención podrá ampliarse excepcionalmente por una sola vez hasta por 90 días, si persisten las causas que la motivaron. También podrá concluir antes de ese plazo si se superan las condiciones que dieron lugar a la medida.
Según el decreto, la comisión deberá revisar los procesos de importación, adquisición, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles, con prioridad en las áreas de comercialización, logística y trazabilidad.
Entre sus atribuciones estará recomendar auditorías para identificar posibles redes de contrabando, desvío, acopio y otras irregularidades, además de establecer responsabilidades del personal involucrado. También podrá recomendar la remoción de funcionarios y solicitar la incorporación de especialistas y peritos.
Si las auditorías evidencian posibles responsabilidades, los informes podrán ser remitidos a la Contraloría General del Estado, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado y otras autoridades competentes.
El decreto aclara que la intervención no implica la desaparición de YPFB ni modifica su naturaleza jurídica o estructura institucional.