La Asamblea Legislativa Plurinacional convocó al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, a una nueva sesión de interpelación para que responda por las acciones y políticas implementadas en la lucha contra el narcotráfico.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, convocó a los legisladores a una sesión ordinaria para este miércoles 26 de agosto, a las 11:00, en el Hemiciclo de la Asamblea, donde Oviedo deberá presentarse para responder las preguntas formuladas por los asambleístas.
La nueva convocatoria fue difundida este martes, mientras en la Asamblea se desarrollaba otro acto de interpelación, en este caso contra el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, quien fue citado para explicar los contratos de suministro, la importación y el abastecimiento de combustibles en el país.
La agenda de interpelaciones se intensificó durante los últimos días. El 18 de agosto, los legisladores interpelaron al entonces ministro de Economía, Gabriel Espinoza, quien no acudió a la sesión debido a un viaje y solicitó que el acto fuera reprogramado.
La mayoría de los asambleístas rechazó los argumentos presentados por Espinoza y decidió continuar con el procedimiento, que terminó con su censura. Posteriormente, el presidente Rodrigo Paz determinó su salida del gabinete.
Un día después, el 19 de agosto, la Asamblea recibió al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien respondió a las consultas relacionadas con la situación de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA). Tras brindar sus explicaciones, el ministro evitó la censura.
Ahora, el foco de la Asamblea estará puesto en el ministro de Gobierno, quien deberá responder ante los legisladores sobre la política de seguridad y las acciones desarrolladas por el Ejecutivo para enfrentar el narcotráfico.
La nueva interpelación se suma así a una serie de controles políticos impulsados por la Asamblea Legislativa sobre distintos miembros del gabinete de Rodrigo Paz, en medio de cuestionamientos sobre la gestión económica, el abastecimiento de combustibles, las empresas estatales y las políticas de seguridad del Gobierno.