El diputado Carlos Alarcón aseguró que la reciente abrogación de la norma que él denominó “Eva” permite restablecer plenamente la aplicación de los mecanismos constitucionales vinculados al estado de excepción, en un contexto de conflictos, bloqueos y hechos de violencia en el país.
Según explicó, la norma eliminaba restricciones que —a su criterio— limitaban la acción del Estado en situaciones de crisis. “Era vital haber abrogado esta ley, porque hemos removido el principal obstáculo que tenía este gobierno y cualquier otro gobierno para que, si se dan las condiciones que establece la Constitución, se pueda declarar un estado de excepción”, sostuvo.
Alarcón afirmó que la Constitución establece procedimientos claros para la declaratoria y control del estado de excepción, incluyendo la remisión a la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas. “Si la remite dentro de las 72 horas, ambas cámaras se reúnen de manera conjunta y se tiene que votar sobre la aceptación o rechazo del estado de excepción”, señaló.
En ese marco, remarcó que la responsabilidad de la decisión recae en el Órgano Ejecutivo. “La competencia privativa única y exclusiva para el estado de excepción es del presidente del Estado”, dijo.
Respecto al rol del vicepresidente Edmand Lara en el tratamiento legislativo de estas medidas, Alarcón cuestionó su actuación y afirmó que no se trata de un actor neutral en el escenario político. “Él no es pues un mediador neutral, ni independiente, ni imparcial”, manifestó, al referirse al proceso de diálogo y a su participación institucional.
El legislador también sostuvo que la abrogación abre la posibilidad de que el Estado utilice mecanismos extraordinarios o acciones conjuntas entre Policía y Fuerzas Armadas en situaciones específicas de violencia, sin necesidad de recurrir automáticamente a un estado de excepción.
Asimismo, insistió en que hechos como bloqueos prolongados y episodios de vandalismo deben ser investigados y sancionados por la justicia. “Los que estaban bloqueando en esos puntos de bloqueo y los que han organizado, dirigido y promovido esos bloqueos”, afirmó al referirse a posibles responsabilidades penales.
Finalmente, Alarcón sostuvo que corresponde al Estado actuar para garantizar la seguridad ciudadana y el restablecimiento del orden, en el marco de la Constitución y los derechos fundamentales.