En entrevista con el programa «De Primera Mano», Bravo sostuvo que el país tendrá que afrontar decisiones económicas importantes, entre ellas la eliminación de la subvención a los combustibles y la reducción del déficit fiscal. A su criterio, estas medidas pueden generar desequilibrios macroeconómicos si no están acompañadas de una planificación adecuada.
«El 2027 va a ser el año de las grandes reformas», afirmó el analista, al referirse a los cambios pendientes en la política económica. Entre ellos mencionó «la quita de la subvención a la gasolina» y, posteriormente, al gas licuado de petróleo (GLP), además de la reducción del déficit fiscal.
Bravo explicó que este escenario también representa un desafío para el sector empresarial, que todavía enfrenta dificultades por la recesión, la caída de ventas y las restricciones de liquidez. A ello se suman los costos de financiamiento, que encarecen los créditos y pueden limitar los planes de inversión de las empresas.
En ese contexto, señaló que la menor disponibilidad de recursos en el sistema bancario repercute en las condiciones de acceso al crédito. Las empresas, además de cumplir con obligaciones laborales como el pago de aguinaldos y primas, deben afrontar un escenario de mayores costos y menor capacidad para financiar sus actividades.
El analista también advirtió que los efectos de la situación económica se reflejan en los hogares, principalmente en la pérdida del poder adquisitivo. Aunque los indicadores de inflación muestran una reducción respecto al año anterior, considera que esa mejora todavía no se traduce plenamente en la economía cotidiana de las familias.
«El salario ya no les alcanza para comprar lo mismo», sostuvo Bravo, al mencionar los gastos que deben cubrir los hogares, como alquileres, créditos, servicios, educación y salud. También señaló que la escasez de dólares incide en los precios de distintos productos.
Sobre las proyecciones económicas, durante la entrevista se mencionó que el Fondo Monetario Internacional prevé una contracción de la economía boliviana del 1,5% para 2027. Bravo indicó que los organismos internacionales mantienen perspectivas más pesimistas y consideró necesario analizar las causas de esas previsiones.
Frente a este panorama, el analista financiero planteó que el Gobierno debe presentar un plan de trabajo para los próximos cuatro años, con objetivos y medidas concretas que permitan generar certidumbre económica. También mencionó la necesidad de reformas normativas y garantías de seguridad jurídica para atraer inversiones.
Finalmente, Bravo sostuvo que los anuncios y acercamientos internacionales deben traducirse en acciones concretas, con plazos y objetivos definidos, para que sus resultados tengan un efecto real en la economía del país.
