Mauricio Requena, exasesor del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, permanece aprehendido después de prestar aproximadamente siete horas de declaración informativa ante la Fiscalía. Su abogada, Erika Oroza, cuestionó el procedimiento y afirmó que no existen elementos suficientes para justificar esa medida.
La jurista denunció que su defendido fue convocado inicialmente en calidad de testigo, pero que durante el procedimiento pasó a ser considerado sindicado y posteriormente fue aprehendido. A su criterio, esta actuación vulnera las garantías procesales y el derecho a la defensa.
“Está en calidad de aprehendido, pero lo llamativo acá es que no pierden las viejas prácticas. Él fue convocado en su calidad de testigo. Inmediatamente lo colocan a él en calidad de sindicado y lo hacen prestar su declaración para después aprehenderlo”, manifestó Oroza.
La abogada cuestionó que, si la Fiscalía consideraba que existían elementos en contra de Requena, no lo hubiera convocado directamente como sindicado. Sostuvo que la citación como testigo habría sido utilizada “como una coartada para que él pueda autoincriminarse cuando eso está prohibido”.
Sobre las acusaciones que vinculan a Requena con una supuesta gestión de un permiso judicial de viaje, Oroza afirmó que su defendido no tenía atribuciones para otorgar esa autorización, debido a que no era juez ni pertenecía a los servicios judiciales de Santa Cruz.
“En primer lugar, él no es de servicios judiciales de Santa Cruz, él no es juez para otorgar el permiso de viaje, solamente porque lo dice una exdiputada que él supuestamente lo ayudó”, sostuvo.
Asimismo, la defensa observó contradicciones en las declaraciones que forman parte de la investigación y cuestionó la decisión fiscal de disponer la aprehensión.
“Yo de verdad que como fiscal no me hubiese atrevido a aprehenderlo”, afirmó Oroza, al reiterar que, en su criterio, no se respetó el derecho a la defensa y tampoco existen elementos suficientes para adoptar esa medida.
La abogada aclaró que su posición no busca impedir las investigaciones, sino exigir que se desarrollen respetando los derechos de las personas involucradas.
“Nadie está, diríamos, en contra de que las investigaciones se realicen, pero con lo que no se puede estar de acuerdo nunca es con el abuso de poder, con el atropello, porque si no, ¿qué hemos cambiado? ¿Qué estamos cambiando?”, cuestionó.
Consultada sobre una posible imputación formal, Oroza indicó que hasta ese momento todavía no había sido presentada. También señaló que la investigación estaría relacionada con presuntos hechos de narcotráfico y asociación delictuosa, aunque expresó dudas sobre la correspondencia entre los hechos, lugares y circunstancias expuestos en el proceso.