El economista y experto en relaciones internacionales cuestionó el primer año de gestión del presidente Rodrigo Paz. Advirtió sobre el aislamiento internacional, la falta de seguridad jurídica para atraer inversiones, la ausencia de cambios estructurales en YPFB y la falta de resultados frente a la corrupción. También criticó la actuación del Gobierno ante las denuncias de Nadia Beller y los audios que involucran a autoridades y al entorno presidencial. Para el segundo año, planteó un diálogo nacional que permita elaborar un plan de salvataje económico.
“Hay sectores que no sienten la crisis. El sector aurífero de Bolivia no está sintiendo la crisis, el sector político de Bolivia no está sintiendo la crisis, se siguen regalando medallas, tablets, viajes al exterior, etcétera, y para ellos no hay crisis económica, pero para la gran mayoría de la población boliviana, para los ciudadanos de a pie, sí es muy difícil pasar cada día y llevar el pan nuestro de cada día a los hogares”, afirmó Julio Alvarado en el programa De Primera Mano, al evaluar el primer año de Gobierno de Rodrigo Paz.
El especialista advirtió que la situación económica y social del país requiere medidas urgentes y sostuvo que el Gobierno debe convocar a diferentes sectores para acordar acciones que permitan enfrentar la crisis. Según señaló, el 20% de la población vive en condiciones de pobreza extrema y más del 50% enfrenta condiciones de pobreza. En ese contexto, alertó sobre el riesgo de una convulsión social si no se adoptan decisiones oportunas.
“Esta es una bomba de tiempo y hay que desactivarla a la brevedad posible”, manifestó.
Al evaluar la política exterior, Alvarado consideró que Bolivia retrocedió durante el primer año de gestión y cuestionó que el Gobierno todavía no haya designado embajadores en las principales potencias mundiales ni en países vecinos.
“Lamentablemente hemos retrocedido. Hemos retrocedido en el sentido en que si antes estábamos aislados del contexto internacional, ahora nos hemos aislado más”, sostuvo.
Como ejemplo, señaló que la ausencia de representantes diplomáticos en países estratégicos limita la capacidad de anticipar acontecimientos internacionales que pueden afectar a Bolivia. Mencionó el incremento del precio del petróleo tras los ataques a Irán y afirmó que un embajador en Estados Unidos habría podido advertir sobre posibles escenarios que repercutieran en el mercado energético.
“Para eso necesitamos nosotros diplomáticos”, expresó.
Sin embargo, coincidió con la posición del presidente Rodrigo Paz de mantener relaciones con países de distintas orientaciones políticas. Afirmó que Bolivia, por su dimensión e influencia internacional, debe evitar alineamientos que la involucren en enfrentamientos entre potencias y fortalecer sus vínculos con Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Rusia y China, además de Perú, Brasil, Paraguay y Argentina.
Al referirse a la afirmación del expresidente Jorge Quiroga, quien calificó el primer año de Gobierno como un año más del MAS, Alvarado dijo coincidir con esa evaluación. Sostuvo que hubo un recambio de personas, pero que continúan integrantes del equipo de anteriores gestiones.
En ese sentido, mencionó el caso de una funcionaria que, según sus declaraciones, habría sido vinculada con acusaciones de corrupción en una empresa de agua. Aclaró que la militancia política no constituye un delito, pero consideró que las denuncias de corrupción deben ser investigadas.
También cuestionó que, pese a los anuncios sobre la existencia de presuntos grupos delincuenciales en YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), no se hayan mostrado resultados concretos.
“Hasta el día de hoy, un año después, solo escuchamos discursos, pero no hemos visto que hayan detenido a esos responsables de estos grupos delincuenciales que se han estado haciendo millonarios en YPFB y en la ANH con los combustibles de los bolivianos”, manifestó.
Al ser consultado sobre la falta de reestructuración de YPFB y los cambios pendientes en la estatal petrolera, respondió que no existe voluntad política. Afirmó que las autoridades debieron actuar desde el inicio de la gestión y cuestionó que algunas acciones se hayan producido después de pronunciamientos o advertencias de Estados Unidos.
Como ejemplos, mencionó la detención del Fiscal General tras los señalamientos de autoridades estadounidenses y las acciones relacionadas con el presunto narcotraficante Sebastián Marset. Según Alvarado, el Gobierno actuó después de recibir presión externa.
“Entonces aquí es falta de voluntad política”, remarcó.
Al referirse al pedido de asilo de Nadia Beyer en la Embajada de México y al anuncio de que se le otorgaría un salvoconducto, Alvarado consideró que la denunciante debió ser convocada por el Ministerio Público para declarar y presentar pruebas sobre sus acusaciones.
Recordó que Beyer realizó denuncias graves, incluso contra integrantes de la familia del presidente, y cuestionó que no se haya impulsado su comparecencia ante las autoridades.
“¿O es que la señora Nadia Beyer tiene más información que puede comprometer aún más al Gobierno? No sabemos, pero es muy extraño lo que ha sucedido”, expresó.
El especialista también consideró que no se debió permitir la salida del país de Beyer, del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, ni del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, porque sus declaraciones podrían aportar información relevante para esclarecer diferentes denuncias.
Afirmó que la población tiene derecho a conocer si las acusaciones cuentan con respaldo o si se trata de calumnias.
Sobre los audios que circulan en redes sociales y que involucran a autoridades del Ejecutivo y al entorno familiar del presidente, Alvarado sostuvo que las investigaciones deben continuar y alcanzar a todas las grabaciones difundidas.
A su criterio, las denuncias contenidas en esos materiales son graves y deben ser esclarecidas para determinar su veracidad.
“Por eso él debería ser el más interesado en que se resuelva esto y se determine si son o no son falsas”, afirmó en referencia al presidente Rodrigo Paz.
También cuestionó la falta de voluntad política del Gobierno y de la Asamblea Legislativa para impulsar las investigaciones. Advirtió que, si los casos no se esclarecen, seguirán afectando la credibilidad de la administración.
“Estos audios van a seguir ahí haciendo mucho daño en la credibilidad del Gobierno”, sostuvo.
Como propuesta para el segundo año de gestión, Alvarado planteó convocar a un diálogo nacional que reúna al Gobierno, las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, los sectores económicos y la sociedad civil para elaborar un plan de salvataje de Bolivia.
Explicó que las medidas económicas necesarias serán difíciles y tendrán efectos sobre la población, por lo que consideró importante acordar mecanismos para reducir su impacto.
“Las medidas económicas que se tienen que tomar son muy duras y, por lo tanto, todos los sectores deben estar conscientes de eso y todos debemos trabajar en medidas para minimizar el golpe económico que van a tener estas medidas económicas en la población”, señaló.
Advirtió que la crisis no afecta de la misma manera a todos los sectores y cuestionó que, mientras gran parte de la población enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades básicas, otros ámbitos de la política nacional mantienen gastos y beneficios.
Finalmente, pidió al Gobierno dejar de lado los discursos y explicar con claridad la situación económica del país y las medidas que pretende asumir.
“Hay que hablar la verdad al pueblo de Bolivia. Pues bien, que le hable la verdad, que le diga cómo estamos y qué es lo que piensa hacer para salir de esta crisis. Pero grandes discursos, elocuentes, Bolivia, Bolivia, Bolivia, ya no son suficientes. Eso no soluciona nada”, concluyó.