El ministro Ricardo Erick Sanjinés rechazó las medidas disciplinarias anunciadas por el Consejo Nacional de Disciplina Sindical contra los docentes que incumplan el paro de 48 horas. La autoridad defendió el derecho de los maestros a decidir si participan o no en las movilizaciones y también explicó los alcances del anteproyecto que plantea transferir la administración de los institutos técnicos a las gobernaciones.
El ministro de Educación, Ricardo Erick Sanjinés, cuestionó las presiones sindicales contra los maestros que decidan no acatar el paro nacional de 48 horas convocado para este lunes y martes. La autoridad denunció que una resolución del Consejo Nacional de Disciplina Sindical contempla suspensiones e incluso expulsiones de la docencia para quienes incumplan la medida de presión.
«Rechazamos categóricamente que se pretenda imponer una posición sindical mediante amenazas, intimidaciones y presiones contra los propios maestros», manifestó Sanjinés.
La autoridad cuestionó que disentir de una decisión dirigencial pueda convertirse en una falta sindical y sostuvo que los docentes tienen derecho a expresar sus discrepancias, así como a decidir libremente si participan en las movilizaciones.
«¿Desde cuándo un maestro tiene que ser obligado a bloquear calles o carreteras para demostrar su compromiso con la educación?», cuestionó. También afirmó que ningún docente debería recibir amenazas por no sumarse a las medidas de presión.
Por otra parte, Sanjinés explicó los alcances del anteproyecto de ley que propone transferir a las gobernaciones departamentales la administración de los recursos humanos de los institutos técnicos superiores, actualmente bajo responsabilidad del Ministerio de Educación.
Según detalló, la transferencia incluiría el presupuesto actual y tendría carácter permanente. El objetivo, señaló, es que cada departamento pueda definir qué profesionales técnicos necesita para acompañar su desarrollo y responder a las demandas laborales de su población.
El ministro aclaró que el nivel central mantendrá la rectoría educativa, las políticas de formación, los lineamientos curriculares y los estándares de calidad. En ese sentido, rechazó que la propuesta represente una privatización de los institutos.
«No confundamos descentralización con privatización, son dos cosas completamente distintas», afirmó.
Finalmente, vinculó la propuesta con la política del 50-50 anunciada por el presidente Rodrigo Paz, que plantea transferir capacidad de decisión a los departamentos.