El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó un acuerdo a 36 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo. El programa incluye un desembolso inmediato de $US 214 millones, un ajuste fiscal concentrado en 2026-2029 y la eliminación total del subsidio a los carburantes para enero de 2027.
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo público este 2 de octubre la aprobación de un acuerdo de 36 meses con Bolivia en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), con un acceso total de DEG 1.369 millones, equivalentes a aproximadamente $US 1.900 millones y al 570% de la cuota del país ante el organismo. La aprobación permite un desembolso inmediato de DEG 156 millones, alrededor de $US 214 millones.
Según el comunicado oficial del FMI, el programa tiene como objetivos «restaurar la estabilidad macroeconómica, proteger a los hogares vulnerables, reconstruir las reservas internacionales, abordar las vulnerabilidades fiscales y externas, fortalecer la resiliencia financiera y fomentar un crecimiento sostenible, inclusivo y liderado por el sector privado». El organismo estima que el acuerdo catalizará alrededor de $US 4.000 millones en financiamiento adicional de otras instituciones financieras internacionales.
El memorando técnico del acuerdo, difundido junto al anuncio, detalla un ajuste fiscal de aproximadamente 8,5% del PIB entre 2026 y 2029. El déficit fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF), que en 2025 alcanzó el 11,4% del PIB, deberá reducirse al 9,2% en 2026, al 6,7% en 2027 y al 3,2% en 2029. El objetivo declarado es eliminar el déficit primario para el final del programa.
El pilar central del ajuste es la eliminación de los subsidios a los combustibles. El documento confirma que los precios internos de la gasolina y el diésel se mantendrán congelados hasta diciembre de 2026, pero a partir de enero de 2027 se aplicará un mecanismo automático de fijación de precios que alineará los valores internos con los internacionales. El propio informe técnico señala que esta medida «inicia un período de ajuste desafiante» y que se espera que la actividad económica «se siga contrayendo en 2026 antes de tocar fondo en 2027».
En cuanto a la inflación, el FMI proyecta que cerrará 2026 en 14,2% y descenderá a un solo dígito recién en 2028. El PIB real, según las proyecciones oficiales del organismo, caerá un 3,0% en 2026 y un 1,5% en 2027, para recién recuperarse con un crecimiento del 0,5% en 2028.
El acuerdo confirma la unificación del tipo de cambio oficial y el de mercado, vigente desde finales de junio de 2026, y establece que el Banco Central de Bolivia (BCB) mantendrá un régimen cambiario flexible determinado por el mercado. Las intervenciones del BCB serán «limitadas» y se regirán por un marco de «discrecionalidad con restricciones», según el documento.
El BCB adopta un nuevo marco de política monetaria centrado en metas de base monetaria como ancla nominal, con la estabilidad de precios como objetivo principal. El financiamiento monetario del déficit fiscal queda prohibido de forma permanente. El programa también contempla un plan gradual para desmantelar los contratos del CPVIS, que ascienden a $US 1.800 millones, y la normalización progresiva del acceso a los depósitos en moneda extranjera.
El FMI evalúa la deuda pública boliviana como sostenible, aunque con riesgos altos. La deuda del SPNF alcanzó el 83% del PIB en 2025 y se proyecta que suba al 100,5% en 2026, principalmente por el efecto de la depreciación del tipo de cambio, para luego descender al 89,2% en 2029 y al 82,7% en 2031.
El programa incluye un piso de gasto en asistencia social como meta indicativa. El documento detalla que se ampliarán programas como el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), y se compromete un marco legal para un registro social unificado con criterios de comprobación de medios económicos, que deberá presentarse al Congreso hasta marzo de 2027.
El acuerdo incluye una agenda de reformas estructurales que abarca la revisión de los marcos regulatorios de hidrocarburos y minería, la eliminación gradual de controles de precios y techos a las exportaciones, la reestructuración de empresas estatales no viables y reformas para mejorar la gobernanza y la transparencia.
El propio documento del FMI advierte sobre los riesgos del programa: «Un reavivamiento del malestar social derivado de la ejecución de reformas fiscales y del sector energético, como la eliminación de la subvención a los combustibles», señala el texto. También menciona «retrasos en el financiamiento externo o en las aprobaciones por parte del Congreso» y «vulnerabilidades en el sistema financiero que podrían materializarse durante la transición hacia políticas determinadas por el mercado».