El economista y experto en relaciones internacionales Julio Alvarado cuestionó la conducción de la política exterior del Gobierno tras la decisión de José Luis Lupo de declinar la representación de Bolivia ante la OEA. Alvarado sostuvo que la salida de Lupo refleja problemas internos y falta de una estructura diplomática suficiente para acompañar los acuerdos internacionales del país. “Esta no es una política exterior seria, esta es una política exterior del caos”, afirmó.
Alvarado señaló que la decisión de Lupo, quien comunicó al presidente Rodrigo Paz que no asumirá la representación ante la OEA debido a que considera que las condiciones actuales no permiten ejercer esa misión, genera repercusiones sobre la imagen internacional del país. La decisión fue comunicada por Lupo el 6 de octubre, pese a que su designación había sido aprobada por el Senado.
Según Alvarado, el Gobierno lleva varios meses sin completar la designación de representantes diplomáticos en distintos países y organismos internacionales.
“Después de diez meses no tenemos representantes en cuatro o en tres de nuestros vecinos y no tenemos representantes diplomáticos en las cinco potencias mundiales”, sostuvo.
A partir de ello, consideró que la declinación de Lupo constituye una señal que debería llevar al Gobierno a revisar su política exterior.
“Esta es una señal que demuestra que en el gobierno de Rodrigo Paz el tema de la política exterior no está siendo manejada seriamente pensando en los intereses nacionales”, afirmó.
Alvarado también vinculó su análisis con las repercusiones del caso del consultor argentino Fernando Cerimedo. Según su interpretación, la influencia que se atribuyó a Cerimedo dentro del Gobierno habría generado tensiones internas y afectado, entre otros, a Lupo.
“Entonces, esta situación nos está demostrando que internamente el gobierno de Rodrigo Paz tiene que hacer muchos ajustes, muchos ajustes de personal y naturalmente en su orientación de política”, sostuvo.
El experto cuestionó además la idea de que los viajes presidenciales puedan sustituir el trabajo permanente de las representaciones diplomáticas. Explicó que las embajadas deben realizar seguimiento a los compromisos asumidos por el presidente en sus visitas internacionales.
“Todo lo que acuerda el presidente en cualquier otro país tiene que haber personal diplomático que haga el seguimiento en esos países”, señaló.
En ese contexto, cuestionó la situación de la representación boliviana en Washington y afirmó que la ausencia de personal suficiente dificultaría el seguimiento de los acuerdos alcanzados durante las visitas presidenciales.
Alvarado también observó contradicciones que, desde su perspectiva, existen entre el discurso de apertura internacional del Gobierno y algunas decisiones adoptadas en organismos multilaterales. Como ejemplo, mencionó una votación relacionada con el seguimiento a la situación de derechos humanos en Venezuela y cuestionó la posición que, según su declaración, asumió Bolivia.
“Por un lado estamos en el escudo de las Américas, por otro lado no queremos condenar a Venezuela por la violación de los derechos humanos”, sostuvo.
Frente a este escenario, planteó que el presidente debería apoyarse en diplomáticos profesionales y en exautoridades con experiencia en relaciones internacionales.
“El presidente debería rodearse de diplomáticos profesionales de muy alto nivel que los tenemos en Bolivia”, afirmó.
También propuso recuperar el Consejo Consultivo de la Cancillería, instancia en la que, según explicó, podrían participar ex cancilleres para aportar su experiencia en la definición de la política exterior.
En otro momento de la entrevista, Alvarado se refirió a las investigaciones contra exautoridades de la Fiscalía y relacionó el momento político interno con recientes decisiones de Estados Unidos. Aclaró que, desde su lectura, existe una relación temporal entre ambos acontecimientos y planteó interrogantes sobre la reacción del Gobierno boliviano.
“Para mí la consecuencia es casi inmediata, menos de 48 horas y el gobierno de Bolivia ya estaba actuando”, afirmó.
Esta interpretación corresponde al análisis de Alvarado y no establece por sí misma una relación causal entre las decisiones de Estados Unidos y las actuaciones judiciales en Bolivia.
Respecto a la Asamblea Legislativa, cuestionó también su actuación y sostuvo que, desde su perspectiva, varias decisiones comenzaron a acelerarse después de las recientes acciones de Estados Unidos.
Finalmente, Alvarado se refirió a la situación de la justicia y las investigaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico. En una de sus afirmaciones más contundentes, sostuvo que los hechos conocidos en los últimos meses demostrarían, según su interpretación, una penetración del narcotráfico en distintas instituciones del Estado.
“Todo lo que está sucediendo ahora es una confirmación de que Bolivia se convirtió en un narcoestado”, afirmó.
El experto incluyó en esa valoración al Ministerio Público, la Justicia, el Gobierno, la Asamblea Legislativa, la Policía y las Fuerzas Armadas, aunque se trata de su interpretación sobre las denuncias y hechos investigados, no de una conclusión judicial.
Sobre la elección del próximo fiscal general, consideró que la Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de impulsar un proceso de selección con profesionales que no estén vinculados a estructuras de poder o a organizaciones delictivas.
“Ahora es la oportunidad y gracias a la presión de los Estados Unidos podemos tener un fiscal que no esté relacionado con las mafias del narcotráfico”, sostuvo.
Alvarado concluyó que la situación representa un desafío para la institucionalidad boliviana y para la imagen del país ante la comunidad internacional.