Un contingente policial ingresó este martes por la tarde a las instalaciones de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz para ejecutar un allanamiento dentro de la investigación que involucra al exfiscal general del Estado Roger Mariaca y al exfiscal departamental Alberto Zeballos. El operativo se produce mientras ambos permanecen detenidos preventivamente en distintos penales del país.
Los efectivos se desplegaron en los accesos de la institución mientras se desarrollaban las actuaciones investigativas. El procedimiento ocurre casi una semana después de que Mariaca y Zeballos fueran aprehendidos por efectivos de Inteligencia en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru.
Ambos son investigados por una presunta estructura que, según la hipótesis del caso, habría utilizado instituciones estatales para favorecer a organizaciones vinculadas al narcotráfico.
El allanamiento a la Fiscalía se realizó el mismo día en que una comisión integrada por funcionarios de las fiscalías de Santa Cruz y La Paz, policías y un notario intervino uno de los inmuebles habitados por Mariaca. En esa vivienda fue encontrada una caja fuerte con dinero, cuyo monto todavía se encontraba en proceso de conteo.
Desde Santa Cruz circularon versiones que situaban el dinero en alrededor de $us 2,5 millones, pero esa cifra no había sido confirmada oficialmente al momento de conocerse el operativo.
En el registro del inmueble también participaron efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y canes adiestrados, que inspeccionaron los ambientes en busca de posibles sustancias u otros elementos relacionados con la investigación. La vivienda está ubicada en el condominio Jardines del Norte, en inmediaciones del octavo anillo y la avenida Cristo Redentor, donde también reside Zeballos.
Mariaca fue trasladado el lunes al penal de Cantumarca, en Potosí, donde cumple detención preventiva por dos procesos. Zeballos permanece recluido en el penal de El Abra, en Cochabamba.
Uno de los procesos contra Mariaca está relacionado con los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas. Según la acusación, el exfiscal general habría encabezado una estructura que operaba desde el Ministerio Público y que presuntamente otorgaba protección a organizaciones vinculadas al narcotráfico.
El segundo proceso corresponde a una investigación por legitimación de ganancias ilícitas relacionada con el dinero que fue encontrado en una ambulancia interceptada después de su aprehensión.
