El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, y el diputado de Unidad, Carlos Alarcón, presentaron formalmente un proyecto de ley para activar la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, tras alcanzar un compromiso entre distintas fuerzas de la Asamblea Legislativa.
“He alcanzado un acuerdo, un compromiso entre las distintas bancadas para impulsar el proceso de la reforma constitucional”, anunció Ávila.
La propuesta plantea abrir una discusión sobre la justicia, el modelo económico, las autonomías, el sistema político y la relación entre los órganos del Estado. El proyecto será tratado inicialmente en el Senado y, posteriormente, deberá pasar a Diputados y a una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde requerirá dos tercios de los asambleístas presentes. Finalmente, deberá ser sometido a referéndum constitucional.
Uno de los principales componentes de la iniciativa es la denominada “desconstitucionalización” de 30 artículos, cuyos contenidos pasarían a ser regulados mediante leyes aprobadas por dos tercios. Entre las áreas incluidas están la justicia, las inversiones, los recursos naturales, hidrocarburos, minería, agua y energía.
En el ámbito judicial, el proyecto plantea eliminar la elección de las máximas autoridades mediante voto popular y establecer un mecanismo de selección basado en méritos.
En materia económica, propone garantizar la protección de inversiones nacionales y extranjeras y permitir que las controversias entre el Estado y los inversionistas puedan resolverse mediante acuerdos amistosos, la justicia boliviana o arbitrajes nacionales e internacionales.
La iniciativa también plantea eliminar disposiciones relacionadas con la traición a la patria por vulneración del régimen de recursos naturales, la obligación de las inversiones extranjeras de someterse exclusivamente a la jurisdicción boliviana y la prohibición del arbitraje internacional.
Alarcón señaló que, una vez aprobada la reforma, las leyes destinadas a reemplazar las disposiciones retiradas de la Constitución deberán ser aprobadas en un plazo máximo de un año. También estimó que el referéndum podría realizarse dentro de los cuatro meses posteriores a la aprobación legislativa.
Ávila informó que las mesas de trabajo deberán incorporar al Ejecutivo, los órganos Judicial y Electoral, gobernaciones y otras instituciones.
“Es un paso fundamental que podamos ponernos de acuerdo sobre un tema esencial para el país, que es la reforma institucional”, sostuvo.