La crisis de abastecimiento de combustibles que atraviesa Bolivia tiene entre sus principales causas la millonaria deuda acumulada por YPFB con proveedores internacionales, productores de petróleo y gas y empresas encargadas de suministrar etanol. Así lo explicó el analista en hidrocarburos y energías Mauricio Taborga durante una entrevista en el programa De Primera Mano.
Taborga señaló que uno de los datos más relevantes expuestos durante la reciente interpelación al ministro de Hidrocarburos y Energías es la deuda que mantiene el Estado con los principales proveedores de diésel y gasolina.
“El ministro ha señalado que entre Trafigura y Vitol, que son los grandes traders, los grandes proveedores de estos carburantes, se tiene una deuda cercana a 1.040 millones de dólares”, afirmó.
Según el especialista, esta deuda permanece pendiente y los proveedores están exigiendo que se regularicen las obligaciones para continuar con los despachos de diésel y gasolina hacia Bolivia.
Taborga recordó que el país depende actualmente de las importaciones para cubrir gran parte de su demanda. “Ya a Bolivia a la fecha importa aproximadamente el 60 por ciento de la gasolina que requiere e importa el 95 por ciento del diésel oil que requiere”, explicó.
A esta obligación se suma una deuda cercana a 500 millones de dólares con productores de petróleo y gas, entre ellos Petrobras, Repsol y TotalEnergies. El analista explicó que estos pagos anteriormente funcionaban mediante un sistema automático, pero que dicho mecanismo fue interrumpido.
“Es decir que YPFB no ha estado pagando a los productores de petróleo y gas en el mercado nacional”, sostuvo.
También existe una deuda con los productores de etanol, utilizado como aditivo para las gasolinas. De acuerdo con Taborga, la obligación con los cuatro ingenios azucareros del país alcanza aproximadamente a 300 millones de dólares.
Al sumar estas obligaciones, el especialista estima que la deuda acumulada en el sector hidrocarburífero llega a unos 1.800 millones de dólares.
“Tomando el crédito que se va a recibir del Fondo Monetario Internacional de 1.900 millones de dólares, alcanzaría apenas para cubrir estas necesidades en el sector de hidrocarburos”, señaló.
Sobre el Decreto Supremo 5676 y el incremento del precio del diésel para medianos y grandes consumidores, Taborga cuestionó la diferencia entre los precios establecidos para los distintos sectores.
En su criterio, esta situación genera una distorsión en el mercado y puede incentivar la reventa del carburante.
“Yo creo que esa medida discrimina entre un grupo de gente, consumidor del combustible diésel con el otro, y causa una irregularidad, una anomalía en el mercado”, manifestó.
Como alternativa, planteó que el Gobierno establezca un precio único para el diésel en todo el país. Según su análisis, el valor debería situarse alrededor de 15 bolivianos por litro.
“Lo ideal sería que el Gobierno fije un precio razonable de venta del diésel oil único para todo el país”, sostuvo.
Taborga también advirtió que mantener una diferencia importante entre el precio interno y el de los países vecinos puede favorecer el contrabando a la inversa.
“Es un incentivo al contrabando mantener un precio que no esté en condiciones de demanda y oferta, o sea, un precio de mercado”, afirmó.
El especialista también se refirió al impacto que tendrá el incremento para los medianos y grandes consumidores. Explicó que pasar de 9,80 a 18 bolivianos por litro representa un aumento del 83 por ciento y puede generar una incidencia en los costos de producción.
“Ese incremento para los medianos consumidores y grandes consumidores sí tiene un efecto inflacionario”, señaló.
Frente a esta situación, Taborga considera necesaria una mayor participación del sector privado en toda la cadena hidrocarburífera. Para ello, planteó una nueva Ley General de Hidrocarburos, modificaciones legales y condiciones que permitan atraer inversiones.
“La participación privada es muy importante para ir resolviendo los problemas del sector”, afirmó.
Sin embargo, advirtió que la solución de fondo no será inmediata. Entre las medidas estructurales mencionó la creación de una nueva superintendencia de hidrocarburos, el reemplazo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y una reingeniería de YPFB.
“Estas soluciones van a darse entre dos a cinco años”, explicó, al señalar que las inversiones necesarias para el sector son de largo plazo y pueden requerir entre cinco y diez años.
“Es un sector que no tiene soluciones fáciles, no se puede pensar que se va a solucionar el problema de abastecimiento en corto tiempo”, sostuvo Taborga.
En ese sentido, consideró que Bolivia debe encarar una transformación estructural del sector para recuperar progresivamente la capacidad de abastecimiento de combustibles y garantizar su sostenibilidad en los próximos años.