El diputado y abogado constitucionalista Carlos Alarcón cuestionó el proyecto de Ley de Inversiones enviado por el Ejecutivo y advirtió que la propuesta no resuelve los problemas estructurales que enfrenta Bolivia. Afirmó que, si no se realizan cambios de fondo, el país podría profundizar la crisis económica y enfrentar un colapso energético.
Durante su participación en el programa “DE PRIMERA MANO”, Alarcón sostuvo que Bolivia ya cuenta con una Ley de Promoción de Inversiones vigente desde 2014, durante el gobierno de Evo Morales, y consideró que los resultados obtenidos demuestran que no se han generado las condiciones suficientes para atraer capital extranjero.
“Es un desastre porque nos hace perder, al desviarnos del objetivo central los próximos cuatro años. Vamos a profundizar la crisis económica y el colapso energético del país”, afirmó.
Como respaldo a su posición, Alarcón señaló que Bolivia captó en 2025 alrededor de 620 millones de dólares de inversión extranjera directa, frente a los 194.233 millones de dólares que recibió Latinoamérica en el mismo periodo. Según sus datos, la participación boliviana representó aproximadamente el 0,3% de la inversión extranjera directa llegada a la región.
También comparó esta cifra con Perú y Chile. Indicó que Perú recibió cerca de 12.000 millones de dólares y Chile alrededor de 15.000 millones de dólares de inversión extranjera directa durante 2025.
A partir de ese escenario, Alarcón identificó tres aspectos centrales que cuestiona del proyecto de Ley de Inversiones.
El primero está relacionado con el arbitraje internacional. Según el diputado, el proyecto utiliza una redacción que buscaría sortear la prohibición establecida por la Constitución Política del Estado respecto a este mecanismo.
El segundo punto tiene que ver con los contratos de inversión. Alarcón cuestionó que la propuesta contemple contratos que, según su interpretación, podrían no pasar por la Asamblea Legislativa, pese a que la Constitución establece que los contratos relacionados con recursos naturales y sectores estratégicos deben contar con aprobación legislativa antes de entrar en vigencia.
“Hay dos claras violaciones”, sostuvo Alarcón al referirse al arbitraje internacional y a los contratos de inversión.
El tercer aspecto observado es la creación de una Agencia Nacional de Inversiones, instancia que tendría la función de evaluar qué proyectos pueden acceder a incentivos económicos, tributarios y arancelarios.
Alarcón cuestionó que una agencia determine qué inversión “califica” para recibir estos beneficios y advirtió que este mecanismo podría generar discrecionalidad y abrir espacios para hechos de corrupción.
“Este tipo de modelos te llevan a la corrupción”, afirmó.
El legislador sostuvo que los incentivos deberían estar establecidos de manera general por ley y no depender de la decisión de un ministro o de un funcionario encargado de calificar una determinada inversión.
“Lo único que tienes que controlar a cualquier inversión es que sea de origen lícito y que el fin de esa inversión no sea lavar dinero del narcotráfico o de cualquier delito”, manifestó.
En ese sentido, planteó que, una vez verificado el origen lícito de los recursos, las inversiones deberían acceder automáticamente a beneficios o incentivos tributarios previamente establecidos.
Finalmente, Alarcón calificó el proyecto como una “pérdida de tiempo” y sostuvo que la propuesta desvía la atención de los cambios estructurales que, a su criterio, necesita el país para atraer inversiones y enfrentar la crisis económica y energética.