El especialista en descentralización fiscal Vladimir Ameller afirmó que existe una oportunidad para avanzar hacia una nueva etapa de descentralización en Bolivia, luego de que los gobernadores plantearan la aplicación del modelo 50-50 en la distribución de recursos; sin embargo, advirtió que el país atraviesa una situación económica crítica que debe ser evaluada antes de asumir nuevos compromisos financieros.
Durante una entrevista en el programa “DE PRIMERA MANO”, Ameller señaló que la voluntad política para debatir una mayor autonomía ya está presente, pero remarcó que el proceso requiere una revisión profunda de las cuentas públicas, competencias y fuentes de financiamiento.
“Creo que se ha generado una oportunidad extraordinaria de que, por primera vez, un presidente en muchos años ha planteado de manera abierta hablar sobre descentralización”, afirmó.
El especialista explicó que antes de implementar el 50-50 se debe realizar una radiografía fiscal del país, debido a que actualmente tanto el Gobierno central como las gobernaciones y municipios enfrentan dificultades económicas.
“En este momento estamos en terapia intensiva y además con la difícil tarea de hablar de descentralizar aún más el Estado, cuando todos los niveles de gobierno están prácticamente ahogados, asfixiados financieramente”, sostuvo.
Ameller indicó que uno de los principales problemas del actual modelo es la alta dependencia de las gobernaciones y municipios respecto a las transferencias del nivel central, situación que, a su criterio, limitó la capacidad de gestión autónoma durante los últimos años.
En ese contexto, destacó la iniciativa de los gobernadores que plantearon una agenda de discusión con el Gobierno nacional, aunque señaló que el debate debe ir más allá del reparto de recursos y enfocarse en una reforma integral del sistema autonómico.
“Necesitamos hacer una radiografía de la situación fiscal que enfrenta Bolivia. Este tema, si bien va a tener un traslado aparentemente de competencias, lo fundamental en este momento es la parte fiscal”, explicó.
El especialista también planteó que una primera medida podría ser liberar recursos actualmente condicionados y revisar estructuras creadas desde el nivel central que, según su análisis, redujeron el margen de acción de los gobiernos autónomos.
Mencionó como ejemplo programas e instituciones nacionales que ejecutaron proyectos en regiones sin una articulación plena con gobernaciones y municipios, como Aisem, UPRE, Mi Agua, Mi Riego y el Fondo Indígena.
“Hay un trabajo bastante amplio de cómo empezamos a devolverle la descentralización a los gobiernos autónomos, cómo empezamos a eliminar todas las condicionalidades que les ponían en los gastos”, afirmó.
Sobre los tiempos para aplicar el 50-50, Ameller evitó establecer fechas concretas y recordó que el debate autonómico lleva más de tres décadas de construcción en Bolivia.
“Sería muy atrevido plantear plazos. Este es un tema que estamos desarrollando hace más de 30 años”, indicó.
Finalmente, sostuvo que el actual escenario puede convertirse en una oportunidad para establecer un nuevo pacto entre el Gobierno central y las entidades subnacionales, con acuerdos que permitan atender la crisis inmediata, pero también garantizar la sostenibilidad del modelo autonómico.
“Esta es una gran oportunidad para que gobiernos autónomos y Gobierno central empiecen a encontrar primero la salida a esta crisis inmediata, pero también establecer una hoja de ruta que mire la sostenibilidad y consolidación de un régimen autonómico”, concluyó.