La Justicia instaló este sábado la audiencia de medidas cautelares contra tres familiares de Amador A. M., principal sospechoso de integrar una red dedicada al reclutamiento de bolivianos para enviarlos a la guerra entre Rusia y Ucrania. La Fiscalía solicitó su detención preventiva por el presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos bélicos.
Los imputados, dos hermanos y un exyerno del principal investigado, quien permanece prófugo, fueron trasladados al Palacio de Justicia bajo custodia policial para comparecer ante un juez cautelar. En la audiencia participaron el fiscal del caso, Mijail Cavero, y el abogado defensor, Ronny Éguez.
El Ministerio Público informó que ya presentó la imputación formal y sostuvo que cuenta con elementos suficientes para respaldar el pedido de detención preventiva.
«El Ministerio Público ha presentado la imputación formal por el delito de trata de personas con fines de reclutamiento y defenderá esa imputación para precautelar los derechos y garantías de las víctimas», afirmó Cavero.
Según la Fiscalía, las investigaciones establecieron indicios que vinculan a los procesados con una estructura que captaba ciudadanos bolivianos mediante ofertas laborales difundidas en redes sociales para posteriormente trasladarlos hasta Rusia.
El fiscal explicó que durante los allanamientos se secuestraron diversos elementos, entre ellos pasaportes que forman parte de la investigación, además de contar con declaraciones de víctimas y familiares.
«Hemos realizado operativos junto con la Policía Boliviana, se han secuestrado diferentes objetos y también contamos con las declaraciones de las víctimas», señaló.
Respecto al principal investigado, Cavero confirmó que Amador A. M. continúa prófugo y aseguró que el Ministerio Público y la Policía mantienen activados los mecanismos para dar con su paradero.
«El señor Amador aún se encuentra en la clandestinidad. Es una persona prófuga y el Ministerio Público, junto con la Policía Boliviana, ha activado todos los mecanismos para su búsqueda», indicó.
Por su parte, el abogado defensor Ronny Éguez rechazó las acusaciones y sostuvo que sus clientes no participaron en la supuesta organización.
«No tienen participación alguna. El hecho de que sean familiares del principal investigado no constituye un delito», afirmó.
Asimismo, cuestionó que la Fiscalía no hubiera exhibido parte de las evidencias mencionadas públicamente, como pasaportes e indumentaria militar.
«Se habla de pasaportes y vestimenta militar, pero hasta el último momento el Ministerio Público no nos mostró esos elementos», manifestó.
La defensa aseguró que los documentos encontrados durante los allanamientos habrían sido dejados por Amador A. M. en la vivienda donde residía junto a sus hermanos y que los imputados desconocían su contenido. También señaló que los tres procesados trabajan como taxistas y que perdieron contacto con el principal investigado hace aproximadamente un mes.
La investigación se inició tras las denuncias de familiares que afirmaron que al menos 16 bolivianos fueron captados mediante falsas ofertas de empleo y promesas de altos salarios para viajar a Rusia, donde presuntamente terminaron incorporados al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan y no descarta nuevas aprehensiones conforme avance el análisis de la evidencia recolectada durante los operativos.