La resolución dispone que la empresa presente y difunda el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental en un plazo de 30 días, pero rechaza la paralización temporal del proyecto solicitada por la Defensoría del Pueblo.
El Tribunal Agroambiental rechazó la solicitud de medidas cautelares presentada por la Defensoría del Pueblo para suspender temporalmente la ejecución del proyecto de perforación exploratoria del pozo Domo Oso X-3, en el bloque San Telmo Norte, en Tarija.
No obstante, mediante el Auto Interlocutorio Definitivo 53/2026, el tribunal ordenó a Petrobras Bolivia S.A. presentar, socializar y difundir el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del proyecto, respetando los estándares de participación pública y acceso a la información ambiental establecidos en el Acuerdo de Escazú.
La resolución otorga un plazo máximo de 30 días calendario para que la empresa cumpla con esta disposición.
El tribunal también rechazó la solicitud de la Defensoría del Pueblo para que el Ministerio de Medio Ambiente presente un informe sobre el cumplimiento de los requisitos para la emisión de la licencia ambiental, con énfasis en la consulta pública.
Asimismo, desestimó el pedido de elaborar un informe que justifique la categorización ambiental del proyecto como categoría 2, cuestionada por la Defensoría al considerar que la actividad podría generar mayores impactos ambientales.
En la resolución se establece además que «no corresponde disponer la reparación integral del daño ambiental», debido a que el proceso tiene carácter cautelar y no constituye una acción de responsabilidad por daño ambiental.
Por otra parte, el Tribunal ordenó al Ministerio de Hidrocarburos y Energía presentar un informe sobre la situación del derecho propietario del área donde se emplazará el proyecto, tomando en cuenta la información proporcionada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Finalmente, el juez Clever Osorio rechazó la Acción Ambiental Precautoria promovida contra los ministerios de Hidrocarburos, Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, el Viceministerio de Medio Ambiente, YPFB y Petrobras, descartando la realización de una nueva consulta pública solicitada por la Defensoría del Pueblo.