Los 41 días de bloqueos registrados en el país provocaron pérdidas cercanas a los 2.500 millones de dólares y un retroceso estimado del 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB), según afirmó este miércoles el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez. El ejecutivo alertó además sobre los efectos de la conflictividad en la imagen internacional de Bolivia y en la actividad productiva.
Los bloqueos de carreteras que se prolongan desde hace 41 días generaron pérdidas económicas cercanas a los 2.500 millones de dólares para el país y un retroceso estimado del 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB), afirmó el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.
“De acuerdo a la última estimación que ha hecho la Cámara Nacional de Industria, en el conjunto la afectación está ya cerca de los 2.500 millones de dólares y eso realmente es algo inaudito”, señaló Rodríguez en conferencia de prensa.
La protesta comenzó en mayo impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB) y posteriormente sumó a otros sectores que pasaron de plantear demandas sectoriales a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Rodríguez recordó que la economía boliviana ya enfrentaba un escenario complejo tras registrar en 2025 una caída del 1,58% del PIB y una inflación del 20%, por lo que consideró que los efectos de los bloqueos agravan aún más la situación económica nacional.
Si bien destacó que el año había comenzado con perspectivas favorables debido al comportamiento de las exportaciones y el turismo, advirtió que la prolongación del conflicto afecta la imagen del país ante los mercados internacionales.
Asimismo, lamentó que la crisis haya dejado pérdidas humanas y episodios de confrontación entre ciudadanos.
“Se ha impuesto la calle, se ha impuesto la razón de la fuerza antes que la fuerza de la razón”, afirmó al cuestionar la permisividad que, a su juicio, permitió la consolidación de este tipo de medidas de presión durante los últimos años.
El representante del IBCE también pidió a las autoridades aplicar sanciones contra quienes impulsan bloqueos que afectan la transitabilidad, el abastecimiento y el normal desarrollo de las actividades económicas en el país.