La fiscal Sarina Guardia informó que el Ministerio Público volverá a convocar a declarar al personal de la torre de control —un practicante y su instructor— con el objetivo de aclarar si brindaron información errónea a los pilotos del avión Hércules C-130 que se estrelló en El Alto el 27 de febrero.
La medida surge tras el informe de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos (JIAA), que señala que no se reportaron las condiciones reales de la pista al momento del aterrizaje. Según la investigación técnica, la superficie estaba cubierta de agua y hielo tras una intensa granizada, situación que no fue comunicada oportunamente a la tripulación.
“Se ha solicitado que se presenten ante la Fiscalía para que puedan aclarar ese extremo”, indicó Guardia, en referencia a las posibles inconsistencias en la información proporcionada desde la torre de control, dependiente de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol).
Los propios pilotos también apuntaron a una omisión en los reportes, asegurando que no fueron advertidos sobre el estado resbaladizo de la pista. De acuerdo con el jefe de la JIAA, coronel Ricardo Alarcón, si se hubiera transmitido la información correcta, la tripulación habría podido tomar decisiones alternativas para evitar el siniestro.
Pese a estos elementos, la Fiscalía ya avanzó con acciones penales contra los pilotos: el mayor Erick Rojas cumple detención preventiva, mientras que el copiloto Jared Ramírez guarda detención domiciliaria, ambos imputados por homicidio y lesiones culposas.
La investigación busca establecer responsabilidades sobre el accidente que dejó 23 fallecidos y 37 heridos, mientras persisten dudas clave sobre si el factor determinante fue una falla en la información meteorológica y operativa o decisiones durante la maniobra de aterrizaje.