La abogada y denunciante Margarita Medrano reveló públicamente una supuesta red de corrupción en Derechos Reales de Santa Cruz, señalando irregularidades en la gestión de partidas computarizadas y la eliminación de anotaciones preventivas que protegían su patrimonio.
Medrano aseguró que su denuncia no es una opinión personal, sino que cuenta con documentación de respaldo que evidencia la participación de funcionarios y abogados en maniobras ilegales. “Como podrán ver por la documentación de respaldo que les he pasado, empieza toda una maquinación a la cabeza del señor Rolando Peláez, registrador interino, ya conjuntamente con el señor Salvador Riviera… y con el abogado Rodrigo Fernando Melgar Rivera”, explicó.
La abogada denunció que tras realizar una anotación preventiva para proteger su patrimonio, su partida fue eliminada del sistema en junio de 2025, supuestamente fuera de los horarios de atención y con documentación falsificada para aparentar un trámite administrativo legal. “A horas 16.35, con 10 minutos, proceden a la eliminación de mi partida computarizada… y el formulario de corrección fue recibido a las 17.00, fuera del horario de oficina”, señaló.
Medrano también cuestionó la actuación del Ministerio Público, al mencionar que dos fiscales habrían protegido a los implicados en el caso. “El fiscal Luis Alberto Hurtado Viramendi procede al rechazo de la investigación… el Ministerio Público, con este fiscal de materia, está protegiendo… logrando que se consolide este despojo patrimonial”, afirmó.
En cuanto al rol del Consejo de la Magistratura, Medrano aseguró que los tres magistrados conocieron los hechos, pero que hasta la fecha no se ha iniciado un proceso administrativo en contra de los funcionarios involucrados. “Un año de gestión del Consejo de la Magistratura y se está denunciando un hecho de corrupción… y hasta el día de hoy no hay un proceso administrativo en contra de esos funcionarios por estos hechos”, sostuvo.
La abogada indicó que ha recurrido a diferentes instancias, incluyendo la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para que se solicite un informe sobre la actuación del presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, y garantizar transparencia en el manejo del caso. “El doctor Carlos tiene ese rol de poder controlar y ver si se está cumpliendo con sus funciones establecidas… si no, tendría que ir a una acción de amparo constitucional, y eventualmente a una instancia internacional”, indicó.
Medrano concluyó señalando que su objetivo es proteger la seguridad jurídica de todos los bolivianos y no solo su patrimonio. “No por Margarita Medrano… es un tema de seguridad jurídica para todo el pueblo boliviano. Soy abogada, evidentemente, pero todos los días me siento desgastada, más no vencida, porque creo y he estudiado por la justicia”, dijo.
El caso sigue en curso ante el Ministerio Público, mientras la denunciante busca que se garantice la investigación objetiva y se sancione a los responsables.