El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que este martes entró en vigencia el sistema ROMA-ARGO (Arraigo y Georreferenciación de Obligaciones Cautelares), una herramienta tecnológica del Ministerio Público que permitirá el control y monitoreo de personas con detención domiciliaria o medidas sustitutivas.
La implementación se da en el marco de un convenio interinstitucional entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia, y busca modernizar la administración de justicia, además de contribuir a la descongestión de las cárceles. El sistema fue socializado con jueces y vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para su aplicación en audiencias de medidas cautelares.
Según explicó la autoridad, el sistema funciona mediante monitoreo digital en tiempo real y validación biométrica, lo que permite verificar que los imputados cumplan con su permanencia en el domicilio fijado por la autoridad judicial. Su control se realiza de manera coordinada entre el Ministerio Público, el Órgano Judicial, Régimen Penitenciario y la Policía Boliviana.
Por su parte, la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira, destacó que esta herramienta, desarrollada en Bolivia, representa una alternativa frente al hacinamiento carcelario, al que calificó como un problema “dramático” que requiere soluciones estructurales.
Las autoridades aclararon que el sistema no será aplicado en delitos graves como feminicidio, infanticidio, asesinato, homicidio, parricidio, delitos sexuales contra menores, corrupción pública y narcotráfico.
