El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1709, que modifica la Ley 1352 y amplía de tres a seis meses la permanencia obligatoria en el territorio nacional de las autoridades del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas, una vez que hayan cesado o sido destituidas de sus cargos. La norma fue sancionada este sábado por el Senado durante una sesión virtual, tras haber sido remitida por la Cámara de Diputados.

El artículo único de la ley establece la obligación de permanecer en el país por seis meses posteriores al cese de mandato o destitución de la Presidenta o el Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente, Ministras y Ministros de Estado, Gobernadoras y Gobernadores, Alcaldesas y Alcaldes, Asambleístas nacionales y departamentales, Concejales municipales, así como Máximas Autoridades Ejecutivas de empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.

La disposición tiene como finalidad garantizar la rendición de informes requeridos por las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y la protección de los intereses del Estado. Asimismo, la medida busca prever eventuales responsabilidades de exautoridades en el ejercicio de la función pública o su posible remisión a investigaciones judiciales por hechos de corrupción.