El abogado y secretario de Seguridad Ciudadana, Jorge Santisteban, afirmó que el Gobierno tiene facultades constitucionales para aplicar un estado de excepción ante la actual conflictividad social, los bloqueos y los problemas de abastecimiento que afectan a varias regiones del país.
Durante una entrevista televisiva en «De Primera Mano», sostuvo que la decisión depende del presidente Rodrigo Paz y aseguró que el marco legal vigente permite asumir medidas extraordinarias para restablecer el orden.
“La decisión del presidente está en sus manos, con la Constitución en la mano, con las leyes y las normas que le facultan a ejecutar medidas extraordinarias”, señaló.
Santisteban afirmó que la actual coyuntura justificaría una medida excepcional debido a los efectos de los bloqueos sobre el abastecimiento y la circulación. “Dada esa emergencia nacional para restaurar el orden en el país, está en la obligación, está en la necesidad de aplicar medidas de urgencia”, manifestó.
Según explicó, el estado de excepción sería una herramienta orientada a restablecer el funcionamiento normal del país y garantizar servicios esenciales. “Es una medida para proteger a la sociedad, salvar el Estado, garantizar alimento, medicina y la vida”, afirmó.
Respecto al rol de las fuerzas del orden, indicó que las Fuerzas Armadas tendrían una función complementaria junto a la Policía. “La Policía va en una primera instancia, mientras que apoyados por las Fuerzas Armadas toman o retoman un pedazo de territorio controlado por insurgentes”, sostuvo.
Añadió que este mecanismo también implica controles y restricciones temporales en áreas afectadas. “Hay ciertos derechos que se restringen porque se libera a una parte de la población que quiere trabajar en libertad, pero también se tienen que restringir aquellos insurgentes que quieren destruir y controlar nuevamente ese lugar”, explicó.
Sobre los recientes hechos registrados en instalaciones militares del Trópico de Cochabamba, Santisteban calificó el ingreso de movilizados como un hecho grave.
“Esto que ha ocurrido es un delito contra el Estado. Es una afrenta al Estado para hacer notar que el Estado perdió el control y que hay un vacío de poder”, declaró.
Asimismo, señaló que cualquier eventual decreto presidencial debería ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento posterior. “Si el presidente dicta el estado de excepción, el Congreso tendría que aprobar el decreto porque el presidente está justificando esa medida”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que el Ejecutivo enfrenta una definición política sobre cómo responder a la conflictividad actual. “Hay que darle certidumbre al país definitivamente, hoy o nunca”, concluyó.