El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visas contra 15 ciudadanos bolivianos y sus familiares directos, en el marco de su política contra la corrupción y el narcotráfico. Entre los alcanzados figuran legisladores, exautoridades judiciales, fiscales y jefes policiales.
Según Washington, la medida se ampara en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos y forma parte de una política anunciada el 28 de septiembre, dirigida a ciudadanos extranjeros cuyas actividades de corrupción o narcotráfico socaven a gobiernos democráticamente elegidos en el hemisferio.
El Departamento de Estado afirmó que la Administración del presidente Donald Trump respalda al Gobierno boliviano en sus esfuerzos por eliminar la influencia criminal de las instituciones, incluidos los tribunales, la Policía y la Asamblea Legislativa.
La lista difundida por el Departamento de Estado incluye a las siguientes personas:
- Rafael Darío López Mercado, diputado nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
- Rolando Santos Pacheco Chávez, diputado nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
- Juan Lanchipa Ponce, exfiscal general del Estado.
- Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental de Beni.
- Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de la unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz.
- Diego Alejandro Barboza Zeballos, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
- Aldo Ismael Quezada Cerruti, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
- Fernando Ronald Velasco Soliz, exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la FELCN en el aeropuerto internacional de Viru Viru.
- Freddy Bismarck Pereira Molina, comandante departamental de la Policía de Tarija y exdirector general de la FELCN.
- Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar, director departamental de Santa Cruz del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).
- Katherine Calderón Valle, exdirectora general de Migración.
- José Ayaviri Siles, exjuez de un juzgado penal.
- Armando Rojas Toledo, exfiscal coordinador de La Paz.
- Rony Suárez Milliet, ciudadano particular.
- Julio Nelson Alba Flores, juez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Las restricciones también alcanzan a los familiares directos de las personas incluidas en la lista.
El anuncio fue vinculado por Washington con los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral, en marzo, y en la declaración de los líderes de Shield of the Americas, emitida el 22 de septiembre.
La decisión comunicada por Estados Unidos consiste en restricciones para obtener visas. Por sí sola, no equivale a una condena judicial ni establece automáticamente la responsabilidad penal de las personas mencionadas.
El anuncio tampoco detalla los fundamentos específicos aplicados a cada ciudadano, por lo que no permite establecer, a partir de la declaración, las circunstancias particulares que motivaron cada restricción.