El financista Jaime Bravo señaló que un eventual incremento salarial debe analizarse considerando la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y sus posibles efectos en los empleadores y las fuentes laborales, especialmente en las pequeñas empresas. Planteó que el Gobierno debe facilitar el diálogo entre ambos sectores antes de definir medidas salariales y respaldar las decisiones con cifras transparentes.
“No es correcto decir que no va a tener ningún impacto, tampoco es correcto decir que ahora todo se va a ir a las nubes”, afirmó Bravo en el programa De Primera Mano, al referirse a las medidas económicas y sus consecuencias para la población.
El financista sostuvo que el incremento salarial puede contribuir a recuperar el poder adquisitivo, pero advirtió que también se deben evaluar sus efectos sobre los costos de las empresas y la generación de empleo. En ese sentido, consideró que las pequeñas unidades económicas requieren especial atención para evitar que las decisiones salariales repercutan en las fuentes laborales.
Bravo remarcó que el Gobierno debe propiciar un espacio de diálogo entre trabajadores y empleadores antes de anunciar medidas relacionadas con los salarios. “El Gobierno tiene que ser un facilitador del diálogo donde se muestren las cifras en función al plan país que se tiene”, manifestó.
También pidió que las fuerzas políticas, los sectores empresariales, gremiales y la población conozcan la hoja de ruta económica del Gobierno y puedan verificar el cumplimiento de sus objetivos. “Lo que debemos solicitar las fuerzas políticas que están en la Asamblea, la población civil a través de los sectores empresariales, gremiales y otros, es saber cuál es la bitácora, el plan de acción que se va a seguir y ver que se vaya cumpliendo”, sostuvo.
Sobre el contexto económico, Bravo señaló que las medidas de ajuste responden a problemas como el déficit fiscal y la escasez de dólares, pero indicó que sus resultados dependerán de cómo se administren los recursos y de las políticas que acompañen su aplicación.
En esa línea, planteó reducir el gasto destinado a empresas estatales que no generan rentabilidad y pidió que el Presupuesto General del Estado para 2027 incluya acciones concretas, además de una planificación con objetivos, créditos y resultados verificables.
Respecto a las medidas de apoyo social, mencionó los programas PEPE, la Renta Dignidad y el bono Juancito Pinto, cuyos incrementos consideró respuestas de emergencia, pero no una política social integral. Propuso que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan mediante bases de datos depuradas y medidas focalizadas.
Entre las alternativas, también mencionó la generación de empleo de corto plazo, el apoyo a pequeños productores agrícolas y el acceso al crédito. A su criterio, las transferencias sociales deben ser temporales y estar acompañadas de inversión, producción y creación de empleos estables.
En cuanto al precio del pan, Bravo señaló que se trata de un producto de consumo familiar y cuestionó que existan diferencias de precios entre zonas de una misma ciudad. Por ello, pidió controles de las autoridades locales y nacionales frente a posibles prácticas especulativas.
Finalmente, advirtió sobre la reducción del empleo formal y sostuvo que las decisiones económicas deben considerar tanto el ingreso de los trabajadores como la capacidad de los empleadores para sostener sus actividades y mantener los puestos de trabajo.