“Hay un discurso duro para la política, pero no hay un discurso duro y contundente en contra del crimen organizado”, afirmó el politólogo al analizar la respuesta estatal frente a las organizaciones criminales.
El politólogo Marcelo Arequipa sostuvo que Bolivia continúa dentro de un mismo ciclo político pese al cambio de Gobierno y cuestionó la falta de resultados concretos frente al crimen organizado. En entrevista con el programa De Primera Mano, señaló que el discurso de autoridad debe traducirse en acciones coordinadas entre las instituciones encargadas de investigar y combatir los delitos.
Arequipa consideró que la salida de Roger Mariaca y la designación de José Armando Urioste como fiscal general interino no representan, por sí solas, una transformación institucional. En su análisis, los cambios de autoridades no bastan si no se traducen en una respuesta efectiva a los problemas que preocupan a la población.
“Su palabra no tiene la confianza suficiente con los bolivianos”, afirmó al referirse al presidente Rodrigo Paz. Para el analista, las declaraciones oficiales sobre seguridad deben estar acompañadas de medidas concretas que permitan evaluar los resultados de la gestión.
También observó la presencia de Estados Unidos en el escenario político boliviano. Mencionó las restricciones de visas a autoridades, los mensajes de funcionarios estadounidenses dirigidos a legisladores y la presencia de la encargada de negocios de ese país en el acto de posesión del fiscal interino. A partir de esos elementos, planteó su lectura sobre la influencia externa en la dinámica política nacional.
En relación con las declaraciones de Urioste sobre posibles pagos de organizaciones criminales a periodistas, Arequipa cuestionó que ese tipo de afirmaciones no esté acompañado de una secuencia clara de actuaciones. “Debería haber una secuencia que le dé cierta continuidad a las declaraciones que se van haciendo”, manifestó.
El politólogo sostuvo que la lucha contra el crimen organizado requiere coordinación entre el Ministerio Público, la Policía, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y los órganos judiciales. A su juicio, un discurso firme debe reflejarse en investigaciones y acciones concretas contra las estructuras criminales.
Asimismo, se refirió a las declaraciones del ministro de Gobierno sobre la falta de lugares seguros en Santa Cruz. Arequipa advirtió que mensajes de ese tipo pueden incrementar la preocupación de la población si no están acompañados de una respuesta institucional visible.
El analista vinculó esta situación con la atención que concentran los casos relacionados con Sebastián Marset y Roger Mariaca. “Mientras el Gobierno no se organice realmente con las prioridades y tenga claro cuál es el norte sobre el que quiere dirigir este país, vamos a seguir alimentados por estas dos novelas políticas”, afirmó.
Arequipa también expresó preocupación por el funcionamiento de la Asamblea Legislativa y la falta de una conducción política clara que permita avanzar en las reformas planteadas. Consideró que las dificultades institucionales pueden afectar el tratamiento de asuntos como una eventual reforma constitucional y las condiciones para atraer inversión extranjera.
Finalmente, advirtió sobre el deterioro de la confianza en las instituciones y comparó el ambiente actual con el periodo previo a los acontecimientos de 2003. Como una proyección personal, planteó que durante el primer trimestre de 2027 podría registrarse una movilización social importante, en caso de que persistan las condiciones que describió.