Los alcaldes de las nueve capitales departamentales y de El Alto acordaron exigir al Gobierno nacional medidas para garantizar la continuidad de las obras públicas y una distribución más equitativa de los recursos económicos. Entre sus principales demandas establecieron un plazo hasta el viernes 13 de noviembre para que el Ejecutivo emita un decreto supremo de actualización de precios de los contratos.
La alcaldesa de Sucre y vicepresidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Fátima Tardío, presentó las conclusiones del encuentro realizado este lunes y explicó que la normativa permitirá atender el incremento de los costos de construcción y operación que afecta a los gobiernos municipales.
“Este 13 de noviembre nosotros estaremos esperando la emisión de este decreto supremo que permita la continuidad de servicios”, manifestó.
Tardío señaló que los municipios también exigen participar directamente en el debate sobre la redistribución de los recursos del Estado, en el marco de la Agenda 50/50, y planteó la necesidad de reconstruir el pacto fiscal para fortalecer la autonomía financiera de las regiones.
“Vamos a exigir que nosotros, al igual que otros actores, seamos parte del debate en un altísimo nivel democrático y de participación en el diálogo”, expresó.
Como parte de los acuerdos, los alcaldes establecieron una hoja de ruta técnica con siete componentes: definición de la masa coparticipable, normativa del 50/50, cronograma de convergencia fiscal, reducción de cargas financieras, restitución de recursos, actualización del Sistema Único de Salud (SUS) y reformas legales.
Otro de los planteamientos es la devolución de los recursos correspondientes al 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), retenidos durante 2025, además de la suspensión de nuevas retenciones para la gestión 2027.
“Estamos exigiendo la devolución de los recursos retenidos en el 2025 y la suspensión de la retención para el 2027”, afirmó Tardío.
Los gobiernos municipales también acordaron promover modificaciones legales para que el nivel central asuma gastos que actualmente recaen sobre las alcaldías. Entre las propuestas figura modificar la Ley 977 para que el Tesoro General de la Nación cubra el pago del bono para personas con discapacidad, revisar el 10% destinado a seguridad ciudadana y elaborar un inventario técnico y jurídico de las obligaciones financieras que corresponden al Gobierno central.
“Que los municipios ya no asuman algunas cargas que le competen estrictamente al nivel central”, explicó la vicepresidenta de la AMB.
En cuanto a la redistribución de recursos, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel “Mamén” Saavedra, respaldó que el esquema 50/50 pueda aplicarse de manera progresiva, aunque pidió que el compromiso se concrete y los recursos lleguen efectivamente a las regiones.
“Nosotros estamos de acuerdo en que haya más recursos para las regiones, en que las autonomías, en realidad, se fortalezcan, en que haya una verdadera descentralización”, sostuvo.
Saavedra recordó que la propuesta inicial planteaba aplicar la distribución desde el primer día de Gobierno, como había anunciado el presidente Rodrigo Paz. Sin embargo, consideró válida una implementación gradual, siempre que se traduzca en recursos para atender necesidades de salud, educación, infraestructura y atención de desastres.
Sobre los porcentajes que corresponderían a municipios, gobernaciones y universidades, el alcalde cruceño evitó plantear una cifra y pidió que exista un acuerdo entre todos los sectores involucrados.
“Es necesario un gran debate entre todos los involucrados. Yo creo que sería irresponsable ya hablar de un porcentaje cualquiera que sea sin que haya habido esa situación de socializarlo, de debatirlo, de ponernos de acuerdo”, manifestó.
Saavedra también destacó la unidad de los 343 municipios del país y señaló que existe voluntad de coordinación para construir una propuesta conjunta. En esa línea, explicó que una iniciativa elaborada por el municipio de La Paz será socializada con los demás gobiernos municipales y posteriormente con otros sectores.
Los alcaldes acordaron continuar el diálogo para avanzar en la Agenda 50/50 y en las reformas planteadas, mientras esperan que el Gobierno atienda la demanda inmediata de actualización de precios, considerada necesaria para mantener la ejecución de obras y la prestación de servicios municipales.