El decano del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, y la consejera Gabriela Paula Araoz López se desmarcaron del comunicado institucional difundido este lunes 9 de noviembre, en el que se desmintió información periodística sobre el presunto alquiler de un inmueble al exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, por parte de un supuesto asesor de la Presidencia de esa institución.
Mediante una aclaración pública, ambas autoridades señalaron que el pronunciamiento no fue puesto en conocimiento de la Sala Plena ni sometido a consulta, deliberación o aprobación. Por ello, precisaron que su contenido no representa una determinación del órgano colegiado ni expresa su posición sobre los hechos mencionados.
Los consejeros también cuestionaron que una autoridad institucional pueda afirmar o descartar categóricamente hechos que podrían ser objeto de investigación penal. Sostuvieron que corresponde al Ministerio Público, con participación de la Policía Boliviana, esclarecer las denuncias, verificar posibles vínculos y establecer eventuales responsabilidades individuales, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Asimismo, aclararon que no autorizaron ni respaldan ningún pronunciamiento que pueda interpretarse como una exoneración anticipada de responsabilidades o una protección institucional a favor de autoridades, asesores o funcionarios.
Finalmente, manifestaron su disposición a colaborar con las investigaciones y proporcionar la documentación institucional que corresponda para contribuir al esclarecimiento de los hechos.