El vocero presidencial José Luis Gálvez informó sobre un paquete de medidas aprobado en gabinete que, según explicó, busca reducir costos para la producción, facilitar la importación de combustibles, fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, asegurar recursos para YPFB y mantener las condiciones de circulación y abastecimiento mediante la ampliación del estado de excepción.
Entre las primeras medidas, Gálvez destacó la reglamentación de la Ley 1755, relacionada con el arancel de importación y el IVA para bienes destinados a la producción. Explicó que la disposición permitirá hacer operativa la exención de aranceles e impuestos para determinados bienes, con el objetivo de reducir el costo de importar maquinaria, tecnología e insumos.
La medida alcanza a productos como semillas, genética, drones, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales destinados a sectores como el agropecuario, industrial, construcción, transporte y minería.
El Gobierno también modificó el Reglamento de la Ley General de Aduanas para facilitar la importación de gasolina, diésel y petróleo crudo. Según Gálvez, la norma permitirá flexibilizar el ingreso y transferencia de combustible y facilitar el uso de los almacenajes como recintos aduaneros, con el propósito de reducir tiempos y trabas administrativas.
La tercera medida está relacionada con la lucha contra la corrupción. El Ejecutivo amplió las facultades y tareas del Viceministerio de Transparencia, que tendrá un papel de articulación con distintas instituciones del Estado.
Gálvez explicó que se fortalecerán las acciones de prevención y gestión de riesgos de corrupción, seguimiento de denuncias y procesos, recuperación y registro de activos, análisis estratégico de datos e investigación de fortunas. También se prevé mayor coordinación con la Unidad de Investigaciones Financieras, la Contraloría, la Procuraduría y el Ministerio Público.
“Vamos a empezar una cruzada de lucha contra la corrupción”, afirmó el vocero, quien sostuvo que el objetivo es pasar de un sistema centrado principalmente en recibir denuncias a otro que también permita prevenir, detectar riesgos, utilizar información y tecnología y recuperar activos.
Otra de las medidas establece una ampliación de los recursos destinados a garantizar el abastecimiento de combustibles. Gálvez señaló que el Gobierno requiere mayores recursos debido al incremento del costo de compra de carburantes en el exterior y afirmó que actualmente se destinan 55 millones de dólares por semana para mantener la subvención.
El vocero indicó que el decreto permitirá elevar el margen de financiamiento disponible para YPFB, con el objetivo de asegurar los recursos necesarios para la compra de combustible y garantizar el abastecimiento nacional.
“Este decreto supremo toma las medidas porque estamos garantizando que Yacimientos tenga respaldo financiero suficiente para comprar combustible y asegurar el abastecimiento nacional”, sostuvo.
La quinta medida anunciada corresponde a la solicitud de ampliación del estado de excepción por otros 90 días. Gálvez afirmó que el objetivo es mantener las condiciones de circulación, abastecimiento y actividad económica que, según el Gobierno, se alcanzaron durante los últimos 90 días.
El vocero recordó que el régimen fue establecido luego de un periodo de 53 días de bloqueos que, según afirmó, afectaron el acceso a alimentos, medicamentos y oxígeno, además de la circulación de personas.
Gálvez sostuvo que durante los últimos 90 días se registraron protestas que fueron resueltas mediante el diálogo y que no fue necesario activar el estado de sitio. Sin embargo, advirtió que, si se presentan nuevamente situaciones que afecten el orden constitucional, el Gobierno podría recurrir a esa medida.
“El Estado de excepción y su continuidad no tiene como finalidad quitar derechos, tiene como finalidad proteger el derecho de los bolivianos a circular, trabajar, abastecerse y vivir con normalidad”, afirmó.
Según el vocero, será la Asamblea Legislativa la que determine si la medida continúa, mientras que el Gobierno considera necesaria su ampliación para preservar las condiciones que permitan mantener las actividades productivas y el abastecimiento en el país.