Legisladores de la Alianza Libre presentaron una querella contra el exministro de Economía, Gabriel Espinoza, por la colocación de bonos soberanos por $us 1.000 millones sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
La diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, informó que la denuncia contempla los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y daño económico al Estado, entre otros.
“Por haber violado la Constitución, se ha puesto bonos por más de mil millones de dólares sin aprobación de la Asamblea. Es un delito flagrante y afecta a los intereses de la población”, afirmó Claros en contacto con Radio Fides.
La legisladora aseguró que el Ministerio Público ya admitió la querella y anunció que se solicitará el arraigo de Espinoza y la anotación preventiva de sus bienes, con el objetivo de garantizar su presencia y eventual responsabilidad dentro del proceso.
“No vamos a permitir que se ría en la cara de los bolivianos”, advirtió.
La denuncia está relacionada con la operación anunciada el pasado 7 de mayo, cuando Espinoza, entonces ministro de Economía, informó que Bolivia había colocado $us 1.000 millones en bonos soberanos en los mercados internacionales.
En esa oportunidad, Espinoza destacó que la operación registró una demanda equivalente a cinco veces el monto inicialmente previsto y sostuvo que los bonos fueron colocados en condiciones favorables para el país, con una tasa de interés del 9,45% y un plazo de cinco años.
Sin embargo, el empresario y exaliado del Gobierno, Samuel Doria Medina, cuestionó posteriormente el costo financiero de la operación y señaló que Bolivia tendría que pagar $us 487,5 millones en intereses durante los cinco años, además de devolver los $us 1.000 millones obtenidos mediante los bonos.
Según su cálculo, con una tasa anual del 9,75%, el Estado tendría que pagar aproximadamente $us 97,5 millones por año en intereses.
La situación de Espinoza también se complicó en el ámbito político. El exministro dejó el cargo el pasado 21 de agosto, después de que la Asamblea Legislativa aprobara su censura.
Ahora, la querella presentada por legisladores de Alianza Libre abre una nueva investigación en torno a la legalidad de la emisión de los bonos y al procedimiento utilizado por el entonces Ministerio de Economía para concretar la operación.