La Cámara de Senadores aprobó en grande el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, una iniciativa que busca fortalecer la transparencia en la administración estatal y garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer el manejo de los recursos públicos en los distintos niveles del Estado.
La norma alcanzará al Gobierno central, las gobernaciones, los gobiernos municipales, las universidades públicas y otras entidades estatales, con el propósito de facilitar el acceso a la información sin que los ciudadanos deban enfrentar trámites complejos o restricciones injustificadas.
El tratamiento en detalle del articulado quedó postergado para la siguiente sesión ordinaria de la Cámara Alta, que se desarrollará después del receso parlamentario.
Los legisladores que impulsan la propuesta señalaron que Bolivia es uno de los pocos países de la región que aún no cuenta con una normativa específica sobre acceso a la información pública y destacaron que este tipo de legislación ya rige en la mayoría de los Estados latinoamericanos.
Asimismo, sostuvieron que la falta de acceso a información pública responde, en muchos casos, al interés de determinadas autoridades por mantener en reserva datos relacionados con la gestión estatal.
Durante la revisión del proyecto, la comisión encargada propuso incorporar dos modificaciones orientadas a fortalecer la aplicación de la futura ley. La primera contempla la creación de una entidad reguladora externa, independiente y con facultades para supervisar el cumplimiento de la norma e imponer sanciones cuando corresponda.
La segunda establece que el Órgano Ejecutivo deberá implementar un sistema unificado para la gestión, conservación y archivo de documentos públicos en todas las instituciones estatales, considerado un requisito fundamental para garantizar el acceso efectivo a la información.
Con estas modificaciones, la iniciativa busca consolidar mecanismos que permitan una mayor fiscalización ciudadana y promover una gestión pública más transparente y accesible.