Los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Bolivia se realizan de manera gradual y están sujetos al avance de los compromisos asumidos por el Gobierno, explicó Joaquín Morales, investigador de la Fundación Jubileo. El especialista también advirtió sobre los desafíos de implementar un registro social, la limitada capacidad de los bonos para cubrir las necesidades de las familias y la importancia de fortalecer los ingresos del Estado.
Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, Morales explicó que el financiamiento del FMI no se entrega íntegramente en un solo pago, sino por partes, en función del cumplimiento de las condiciones y metas establecidas en el programa económico.
“Te dan los desembolsos en rebanadas”, señaló al explicar la modalidad de entrega de los recursos. En ese sentido, advirtió que el acceso a los siguientes desembolsos depende del avance en los compromisos asumidos, por lo que el Gobierno debe considerar los posibles efectos de las medidas económicas y la necesidad de generar acuerdos para llevarlas adelante.
El acuerdo aprobado por el FMI contempla un financiamiento de aproximadamente 1.900 millones de dólares para Bolivia, con un periodo de ejecución de 36 meses. El organismo habilitó un primer desembolso de 214 millones de dólares y estableció que los recursos posteriores se entreguen gradualmente.
El investigador destacó la importancia de impulsar inversiones y adoptar decisiones que contribuyan a mejorar la capacidad económica del país. Sin embargo, remarcó que la aplicación de las medidas debe tomar en cuenta sus efectos sobre distintos sectores de la población.
En ese contexto, planteó la importancia de alcanzar consensos sociales y políticos que permitan sostener las decisiones económicas. La falta de acuerdos podría dificultar la implementación de los compromisos y poner en riesgo la continuidad de los desembolsos previstos dentro del programa.
Durante la entrevista, Morales también analizó la propuesta de implementar un registro social que permita identificar a las familias vulnerables y mejorar la focalización de la asistencia estatal.
El especialista advirtió que construir una base de datos de esa naturaleza supone importantes desafíos, debido a las dificultades para recopilar y actualizar información confiable sobre los hogares. Entre los factores que complican esa tarea mencionó la movilidad de la población, la informalidad laboral y la variación de los ingresos familiares.
Además, explicó que verificar la situación económica de cada hogar puede demandar tiempo y recursos, por lo que cuestionó que la creación de un nuevo sistema sea necesariamente la alternativa más eficiente.
“La implementación de este sistema puede ser súper costosa, súper lenta, con grandes chances de fracasar”, advirtió Morales al referirse a las dificultades que podría enfrentar la puesta en marcha del registro.
Frente a ese escenario, planteó que se evalúe la posibilidad de fortalecer los mecanismos existentes antes de construir una nueva estructura. Como alternativa, propuso mejorar los sistemas vinculados a los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, que ya cuentan con mecanismos de identificación y atención a determinados grupos de beneficiarios.
Morales también se refirió a los bonos sociales y señaló que, aunque estos mecanismos alcanzan a una parte importante de la población beneficiaria, los montos entregados son reducidos frente a las necesidades de los hogares.
El investigador cuestionó que las transferencias no necesariamente mantengan su capacidad de compra frente al incremento de los precios. Por ello, consideró necesario analizar tanto los montos como la efectividad de los programas de asistencia.
Al abordar este tema, describió los beneficios como “bonos con unos montos bien pequeñitos”, en referencia a las limitaciones de las transferencias para responder a las necesidades económicas de las familias.
También se refirió al bono Juancito Pinto y al Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), este último concebido como un apoyo temporal. En su análisis, diferenció las transferencias extraordinarias de los mecanismos de protección social que requieren continuidad y una adecuada identificación de los beneficiarios.
El investigador sostuvo que las medidas económicas deben considerar la situación de los hogares con menores ingresos, especialmente cuando se aplican ajustes destinados a reducir el déficit fiscal.
En ese marco, explicó que la protección social constituye uno de los aspectos que deben tomarse en cuenta al implementar los compromisos vinculados al financiamiento internacional. La asistencia debe llegar a quienes realmente la necesitan, pero para ello se requiere información confiable y mecanismos capaces de actualizar los datos de los beneficiarios.
Morales también advirtió sobre la importancia de considerar los efectos de las medidas económicas en el área rural, donde las condiciones de ingreso y las características de los hogares pueden dificultar la aplicación de mecanismos uniformes.
En su análisis, el reto consiste en compatibilizar la reducción del déficit fiscal, la generación de ingresos y el cumplimiento de los compromisos con el FMI, sin dejar de lado las necesidades de los sectores vulnerables.
El investigador concluyó que el financiamiento externo debe formar parte de una estrategia económica más amplia, acompañada por mayores ingresos internos, inversiones y acuerdos que permitan sostener las medidas previstas. A su criterio, el cumplimiento de los compromisos será determinante para acceder a los desembolsos posteriores del organismo internacional.