El viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Yamil García, informó que se formalizó una denuncia ante el Ministerio Público contra siete exautoridades de YPFB por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, debido a gastos relacionados con la construcción y el equipamiento de la Casa Ejecutiva de la estatal petrolera, ejecutada entre 2014 y 2015.
“Nosotros observamos que en este caso ha existido una millonaria asignación de recursos en un proyecto denominado Casa Ejecutiva de YPFB”, afirmó García. Según la autoridad, el proyecto “carece de justificación técnica, económica y social”.
García cuestionó la finalidad de la infraestructura y planteó: “¿De qué manera la construcción de una casa ejecutiva para directores y ejecutivos de YPFB ha contribuido a mejorar la vida de los bolivianos?”.
En cuanto a los montos, detalló que la infraestructura tuvo un costo aproximado de Bs 2,5 millones, el mantenimiento superó los Bs 120.000 y el equipamiento, contratado mediante distintos procesos, sobrepasó los Bs 14 millones. “No hablamos solamente de una infraestructura, sino que hablamos de una serie de gastos que en este caso son considerados como un daño económico”, sostuvo.
El viceministro cuestionó además el tipo de equipamiento instalado en el lugar. “En vez de ser una infraestructura que esté al servicio de la sociedad, hemos observado que muchos de estos gastos, más que corresponder a una institución pública, parecieran ser de un hotel de lujo, un hotel de cinco estrellas”, manifestó.
Como ejemplos, mencionó televisores de alta gama en los dormitorios, equipos de sonido, mobiliario, cuadros de autor y cuatro parlantes instalados en los jardines. Sobre estos últimos, señaló que cada equipo tenía un costo superior a los 500 dólares y preguntó: “¿Cuál era la utilidad para tener cuatro equipos suntuosos de sonido en los jardines? ¿Era para fiestas, para qué tipo de finalidad podía justificarse?”.
García indicó que la cuantificación presentada en la denuncia contempla los gastos de obra, supervisión, equipamiento, mantenimiento y otros conceptos. “Han significado más de 17 millones de bolivianos como daño económico”, afirmó. También señaló que la cuantificación por el delito de conducta antieconómica se aproxima a los Bs 17 millones.
La denuncia fue presentada contra el entonces presidente ejecutivo interino de YPFB, el gerente nacional de Administración y Finanzas, el jefe de la Unidad de Infraestructura y cuatro miembros del directorio que autorizaron los recursos para el proyecto.
“Todo recurso público debe tener una justificación económica, técnica y social, de tal manera que los recursos públicos sean una inversión y no sean como en este caso un gasto suntuoso”, expresó el viceministro.
Tras formalizar la denuncia, García indicó que esperan que el Ministerio Público emita las directrices necesarias para que las siete exautoridades denunciadas comparezcan ante las instancias correspondientes.