El diputado nacional Carlos Alarcón pidió al Gobierno presentar una proposición acusatoria contra los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera, al sostener que durante los 20 años de gobiernos del MAS se administraron alrededor de $us 90.000 millones y que parte de esos recursos no se destinó a la exploración de nuevos campos de gas y petróleo.
“El gobierno tiene la información del gigantesco daño económico al Estado y la estafa histórica que ha sido Evo Morales, García Linera y Luis Arce”, afirmó el legislador durante su visita a Tarija, donde se reunió con el alcalde Johnny Torres Terzo.
Según Alarcón, los recursos administrados durante ese periodo provendrían de distintas fuentes: aproximadamente $us 60.000 millones por la venta y exportación de gas natural, $us 20.000 millones vinculados al incremento de las reservas internacionales y otros $us 13.000 millones correspondientes a deuda externa.
El diputado sostuvo que, si el 10% de esos recursos —equivalente a $us 9.000 millones— se hubiera destinado a explorar nuevos campos de gas y petróleo, el país no atravesaría la actual situación económica. A su juicio, parte de los fondos se habría utilizado en empresas deficitarias, obras que calificó como “elefantes blancos”, museos y canchas deportivas.
“Solo se precisaban 9 mil millones, todo ese dinero se despilfarró en empresas deficitarias, elefantes blancos, museos, canchitas”, manifestó.
Alarcón afirmó que el Gobierno dispone de documentación en distintos ministerios para sustentar una eventual acusación. Por ello, pidió que las autoridades recopilen los datos que considere relevantes, preparen la argumentación jurídica y presenten la proposición acusatoria ante la Fiscalía, para su tratamiento en la Asamblea Legislativa.
El legislador señaló que, en su criterio, el presunto daño económico al Estado y el caso del hotel Las Américas son dos asuntos que ameritan un juicio de responsabilidades contra las exautoridades. También sostuvo que la Asamblea no debería asumir directamente la denuncia, porque, según su argumento, existiría el riesgo de que se convierta en “juez y parte”.
Respecto a la posibilidad de que el caso pierda impulso con el tiempo, Alarcón indicó que el daño económico al Estado es imprescriptible, aunque consideró que el Gobierno debería actuar cuanto antes. Añadió que otra instancia podría promover el proceso, pero que eso podría hacerlo más moroso.
En relación con el caso hotel Las Américas, el diputado planteó además una adecuación normativa al sistema interamericano de derechos humanos, particularmente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Explicó que se requiere garantizar la doble instancia en materia penal para que una sentencia desfavorable pueda ser revisada.
En ese sentido, mencionó que existe un proyecto de ley que, según dijo, la Asamblea Legislativa debería tratar para adecuar la normativa. Alarcón sostuvo que, al tratarse de una garantía para las personas procesadas o condenadas, la disposición podría aplicarse retroactivamente, mientras el proceso seguiría avanzando.
Por otra parte, el diputado insistió en la necesidad de una reforma parcial de la Constitución que abarque 17 artículos, con el objetivo de atraer inversiones. Advirtió que, si no se realizan esos cambios, Bolivia podría enfrentar un colapso energético debido a la falta de inversiones en el sector.
Las cifras sobre los recursos administrados, el presunto daño económico y el destino de los fondos corresponden a las afirmaciones de Alarcón durante su declaración y requerirían respaldo documental para establecer responsabilidades.