La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó en grande y en detalle el Proyecto de Ley N.º 066 de Acceso a la Información Pública, una norma que busca garantizar que cualquier ciudadano pueda solicitar información al Estado y ejercer un mayor control sobre la gestión pública.
La iniciativa fue impulsada por la senadora Soledad Chapetón y posteriormente enriquecida mediante mesas técnicas en las que participaron organizaciones de la sociedad civil, gremios periodísticos y medios de comunicación.
El proyecto establece que la información que está en poder del Estado es pública como regla general, salvo las excepciones determinadas por ley. Además, cualquier persona podrá solicitar información pública sin necesidad de justificar los motivos de su requerimiento.
La norma también establece responsabilidades para los servidores públicos que obstaculicen o se nieguen a entregar la información solicitada.
La directora de Erbol y ex presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes, destacó la aprobación y señaló que la norma representa una herramienta para fortalecer la transparencia institucional.
“Es un elemento fundamental para transparentar las instituciones públicas, para ir en la lucha contra la corrupción y garantizar el ejercicio y fiscalización en el que están involucrados ciudadanos de a pie y periodistas”, sostuvo.
Durante el tratamiento en detalle, los senadores realizaron modificaciones al texto, entre ellas el cambio de denominación del mecanismo encargado del seguimiento de la norma, que pasará a llamarse Observatorio. También se estableció un plazo de 90 días, desde la publicación de la ley en la Gaceta Oficial, para su reglamentación.
Chapetón destacó el carácter colectivo de la iniciativa y el trabajo realizado junto a diferentes sectores para su elaboración.
“Hemos estado a la altura y al tamaño de lo que Bolivia necesita, que son instrumentos legislativos que les devuelvan y les garanticen el ejercicio de sus derechos plenos”, afirmó.
La senadora agregó que el proyecto representa una construcción conjunta. “Este es un proyecto, por lo tanto, absolutamente de todos”, expresó.
Las organizaciones que participaron en la elaboración de la propuesta consideran que la norma puede contribuir a superar la denominada cultura del secretismo y fortalecer el control ciudadano sobre las instituciones públicas.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar su tratamiento legislativo. Las organizaciones de la sociedad civil y del gremio periodístico anunciaron que realizarán seguimiento al proceso y pidieron a los diputados dar celeridad a su aprobación.