El vocero presidencial Jorge Richter, en entrevista con la emisora manifestó que la denuncia contra los líderes cívico y autoridades regionales de Santa Cruz que lideraron el paro de 36 días, fue interpuesta por sectores sociales afectados por esa medida de presión.
En ese sentido manifestó que tanto el Gobernador Luis Fernando Camacho como Rómulo Calvo no pueden hablar de persecución política cuando ese término tiene otro significado que no aplica en este caso.
Consultado sobre las denuncias de periodistas e incluso de la mamá de un bebe afectado por un gas lacrimógeno lanzado por los uniformados directamente al carrito del menor, Richter sostuvo que es la fiscalía la que determina qué casos se investigan y cuales son desestimados. Esa no es labor del poder político, acotó.