Luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinara prorrogar en sus funciones a las autoridades actuales del organo judicial hasta que se produzca la nueva elección, las repercuciones no se dejaron esperar.
El abogado constitucionalista Israel Quino afirmó que se trata de un golpe judicial a la democracia siendo que se ha cercenado la Constitución Política del Estado en el tema de los tiempos de mandato. Esto, dice, también puede significar un juicio de responsabilidades a los actuales magistrados.
Se trata de un fallo inconstitucional, dijo Quino al sostener que sólo se beneficia 26 personas y se perjudica a muchos otros. Observó, además, que un mismo juez emita un fallo a su favor.
Para Elizabeth Reyes, dirigente de Unidad Nacional, esta decisión no es más que es el resultado de la injerencia de la política en la justicia boliviana.
Reyes. afirma que se trata de un parche de los magistrados para prorrogarse sin cambios en la administración de la justicia.