La Paz, 6 de octubre.- Pedro Callisaya, defensor del Pueblo, señaló que la decisión de las máximas autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de expulsar a cinco estudiantes que participaron en una movilización en noviembre de 2021, vulnera el derecho a la educación.
La autoridad mencionó lo siguiente: “La Defensoría del Pueblo rechaza rotundamente la expulsión de estos cinco estudiantes y agotará todos los mecanismos para la defensa del derecho fundamental a la educación”.
La Comisión de Procesos Universitarios UMSA – Sala Tercera, emitió la Resolución N° 03/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, con la que sancionó a dos universitarios con la expulsión definitiva y a otras tres universitarias con la suspensión temporal de tres años.
La institución defensorial realizará un análisis normativo para establecer si el sistema jurídico universitario cumple los citados estándares internacionales y si estos se ajustan a los principios de los derechos humanos para, eventualmente, activar la jurisdicción constitucional para exigir el respeto y restitución del derecho a la educación superior.